BUENOS AIRES, Argentina.- Un tribunal federal de Argentina dictará sentencia el viernes en el histórico juicio contra el último dictador Reynaldo Bignone y otros 17 exmilitares por la desaparición forzada de más de un centenar de disidentes en el marco de la represión coordinada por las dictaduras sudamericanas conocida como Plan Cóndor.
Los tres miembros del tribunal oral federal 1 de Buenos Aires dictarán las condenas desde las 17 hora local (2000 GMT), cerrando así un largo proceso judicial que comenzó con una denuncia formal presentada a fines de los noventa, cuando todavía estaban vigentes las leyes de amnistía y los indultos, luego anulados, y que llegó a juicio recién en 2013.
«Si en la sentencia se aceptan las hipótesis de las acusaciones, será la primera vez en la región que en una instancia judicial se dé por probado que la Operación Cóndor existió como una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur, una coordinación represiva que trascendió las fronteras de los países miembros», expresó en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que encabeza a los demandantes.
En este juicio se tomaron en consideración 105 víctimas de las cuales 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. De acuerdo con la demanda, el secuestro y posterior asesinato de estos disidentes fue posible por la coordinación represiva entre las fuerzas armadas y de inteligencia de los países sudamericanos desde mediados de la década del setenta hasta principios de los ochenta.
Parte del entramado del Plan Cóndor salió a la luz por la desclasificación de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del denominado «Archivo del terror» de Paraguay, además de expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros.
Entre estos documentos fue hallada el acta de fundación del Plan Cóndor fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la llamada Primera Reunión de Inteligencia Nacional que contó con la presencia de representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Luego se sumó Brasil, según la denuncia.
Como primer paso, las dictaduras crearon una base de datos común con información detallada sobre los movimientos guerrilleros, partidos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y de todo aquel que se considerara una amenaza para los regímenes.
Una vez procesada esa información, se procedía al secuestro y detención ilegal del disidente, que podía ser entregado o no a su país de origen para su posterior desaparición física. Dos casos emblemáticos fueron María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman, hijo del poeta uruguayo Juan Gelman.
La pareja fue secuestrada en Buenos Aires y confinada en el centro clandestino de detención «Automotores Orletti», que según se determinó en otro juicio funcionaba bajo la órbita del Plan Cóndor. Gelman fue asesinado de un tiro en la nuca y su cuerpo escondido dentro de un tambor relleno con cemento y arena, pese a lo cual sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1989.
En tanto García Iruretagoyena, embarazada de siete meses, fue trasladada a Uruguay, donde dio a luz a una niña que le fue arrebatada. La mujer permanece desaparecida, mientras su hija recuperó su identidad en 2000.
Para los abogados que representan a los familiares de las víctimas Bignone y el resto de los exmilitares, entre ellos un uruguayo, integraron una asociación ilícita dedicada a la desaparición forzada de personas y también fueron responsables de privaciones ilegales de la libertad y otros crímenes de lesa humanidad.
En el marco de esta causa, se solicitó años atrás la extradición de los dictadores Augusto Pinochet, de Chile; Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Hugo Banzer, de Bolivia, las cuales fueron rechazadas. Los tres fallecieron, al igual que el expresidente de facto de Argentina Jorge Rafael Videla, quien llegó a declarar en el juicio tres días antes de su muerte en 2013.
De: AP
