- Senado aprueba en primera lectura el nuevo Código Penal sin incluir las tres causales del aborto. Reforma contempla penas de hasta 60 años de prisión.
Santo Domingo. Aunque el Senado de la República aprobó en primera lectura la reforma del Código Penal, el debate legislativo sigue cargado de tensiones por los aspectos más controvertidos del proyecto, que ha generado posiciones encontradas en distintos sectores sociales y políticos.
Entre los puntos que más han polarizado la discusión pública figuran la exclusión de las tres causales del aborto, la definición de delitos sexuales, las penas por corrupción y la forma en que se ha manejado el proceso legislativo.
Exclusión de las tres causales del aborto
El proyecto de ley vuelve a dejar fuera las tres causales para permitir el aborto: en casos de violación o incesto, cuando esté en riesgo la vida de la madre o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
Esta omisión ha reavivado el rechazo de colectivos feministas y de derechos humanos, que reclaman que la despenalización en estos escenarios es un asunto de justicia y salud pública. En cambio, sectores conservadores y religiosos insisten en mantener la penalización absoluta del aborto, argumentando la defensa del derecho a la vida desde la concepción.
Otro de los ejes sensibles del nuevo Código Penal es la forma en que se tipifican los delitos sexuales. Organizaciones sociales han cuestionado la falta de claridad y avance en temas como:
- La violación dentro del matrimonio, que no está reconocida de manera expresa como delito.
- La agresión sexual a menores, cuya definición genera dudas sobre su alcance y sanciones.
- El acoso sexual, sobre el cual persiste preocupación respecto a su abordaje y mecanismos de protección para las víctimas.
Grupos feministas advierten que el nuevo texto podría representar un retroceso en materia de derechos para las mujeres y las niñas.
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Corrupción: endurecimiento de penas, pero dudas en la práctica
La reforma contempla penas más severas para casos de corrupción administrativa y tráfico de influencias. Así como medidas para mejorar la gestión de los fondos públicos. No obstante, críticos sostienen que el aumento de penas no garantiza efectividad si no se fortalecen los mecanismos de fiscalización y sanción real.
Además, sectores de la sociedad civil demandan que se eliminen ambigüedades que podrían permitir interpretaciones laxas o selectivas de la ley.
Acumulación de penas y proporcionalidad
El proyecto introduce la acumulación de penas para delitos múltiples, permitiendo condenas de hasta 60 años de prisión, y eleva la pena máxima de 30 a 40 años. Aunque esto es visto como un avance en la lucha contra delitos graves, algunos juristas advierten sobre la necesidad de revisar la proporcionalidad de las sanciones y valorar medidas alternativas al encarcelamiento.
Proceso legislativo bajo cuestionamientos
Diversos sectores también han criticado el procedimiento con que se ha desarrollado la reforma, alegando falta de participación ciudadana, escasa transparencia y ausencia de debates amplios sobre temas clave. Organizaciones de la sociedad civil han exigido mayor apertura y diálogo antes de una eventual aprobación final.
¿Qué sigue?
El proyecto aún debe ser aprobado en segunda lectura por el Senado y luego pasar a la Cámara de Diputados. Su aprobación definitiva dependerá de si los legisladores logran conciliar las posiciones enfrentadas y responder a las demandas de una sociedad cada vez más exigente en materia de derechos y justicia.
