La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la decisión que excluía como querellantes a los legítimos propietarios de las acciones de la compañía Costa Dorada. Esto, en relación con una querella interpuesta en contra de Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, a quienes señalan como autores de falsificación de documentos societarios para despojarles sus derechos en la empresa Costa Dorada y con ello apoderarse de unos 6.3 millones de metros cuadrados ubicados en terrenos costeros en Bahía de Calderas, Baní.
Mediante la misma decisión, la Corte de Apelación revocó el auto de No Ha Lugar, dictado por el Séptimo Juzgado de Instrucción en favor de la imputada, Judith Franchesca Aguasvivas Báez. Pronunció auto de Apertura a Juicio en su contra, por lo que deberá comparecer a la Segunda Tribunal Colegiado del D.N.
La investigación reveló una red de documentos falsos los cuales incluían contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros. Así como también, declaraciones juradas y otros documentos corporativos.
Los autores del fraude intentaron mostrar una serie de transferencias accionarias. Estas excluían a los socios legítimos y a aquellos que habían adquirido acciones de la empresa.
Trama en Costa Dorada
Una organización mafiosa puso a una persona fallecida a vender las acciones de la empresa Costa Dorada en beneficio de abogados, contadores y militares. Este caso salió a la luz por denuncias formuladas por el abogado Ignacio Miranda.
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La propiedad en cuestión, adquirida en 1967 por Juan Mayol, un individuo con una tradición empresarial, estratégicamente ubicada, colindando con proyectos turísticos de gran envergadura como Los Corbanitos y Punta Arenas. En 1977, Juan Mayol se asoció con los hermanos Roberto y José Serrano, propietarios de Peravia Industrial, una empresa agroindustrial en la República Dominicana, conocida por fabricar productos de renombre como La Famosa y Jaja.
Familias exigían justicia
Las familias Mayol y Serrano exigían a las juezas de la Segunda Tribunal Colegiado del Distrito Nacional abstenerse de conocer el juicio de fondo por el fraude de más de 6,3 millones de metros cuadrados de terrenos costeros en Baní a la empresa Costa Dorada.
Los abogados de la familia sostuvieron que se trata de una situación grave. Además, compromete no solo sus intereses familiares, sino también la integridad del sistema empresarial del país ante la tardanza del sistema judicial.
En el 2013 descubrieron la confección de múltiples contratos falsos. Mismas que contenían firmas de fallecidos o falsificadas, por parte de los señores Ailec Soto y Rafael Helena. Esto, con el objetivo de despojar a sus empresas de grandes porciones de terrenos.
