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Tribunal SC ordena juicio de fondo a exejecutivo Falcondo

Suspenden licencia para construcción de relleno sanitario en Haina
Suspenden licencia para construcción de relleno sanitario en Haina

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal envió a juicio de fondo al exejecutivo de la Falconbridge Dominicana (Falcondo), David Soares, y a otros dos directivos, acusados de supuestamente haber violado la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente en perjuicio del Estado dominicano y de los moradores de la comunidad Quita Sueño, de Haina, San Cristóbal.

Además habría sido impuesto impedimento de salida contra Soares, y los dominicanos Geraldo Trinidad Martínez y Giovanni Emilio Bloise García, Superintendente de la Estación de Bombeo del Oleoducto y director de Minas, respectivamente. Esto, a solicitud de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales consiguió que dicho tribunal, además, impusiera como medida de coerción impedimento de salida del país en

Los imputados son acusados de violar varios artículos de la Ley General de Medio Ambiente y de la Ley 42 de Salud, por la alegada contaminación que se genera desde la empresa al municipio de Haina, indica una nota de prensa de la Procuraduría.

El Ministerio Público les atribuyó ser los presuntos responsables de contaminar a los habitantes del sector Quita Sueño, por producir contaminación atmosférica debido a los tres tanques de depósito de combustible, propiedad de la referida empresa, que emiten gases en la atmósfera generado por un producto llamado NAFTA, el cual afecta la salud de las personas residentes en el indicado sector, ocasionándole problemas respiratorios, de piel y otras enfermedades, agravándose la situación en los casos de los adultos mayores.

El expediente indica, además, que cerca de estos tanques hay centros de estudios que también  están siendo afectados por la contaminación que se produce, en plena violación a las indicadas leyes.

El Ministerio Público dijo que cuenta con las pruebas documentales, testimoniales, audiovisuales o demostrativas y periciales, que les permitirán demostrar los hechos que se les imputan a los encartados.

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