República Dominicana se ubica en el lugar 92 de 139 países en Estado de Derecho, según la edición 2022 del Índice del Estado de Derecho de la organización no gubernamental World Justice Project (WJP).
El país continúa con su ascenso en este índice global que mide la percepción y la experiencia de la población general en situaciones prácticas y cotidianas, luego de ubicarse en el puesto 94 en la edición 2021 del informe.
República Dominicana subió dos posiciones en la clasificación global del Índice del Estado de Derecho. Asimismo, se ubica en la posición 23 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe.
El aumento del país en este informe es significativo en un marco global de retroceso de la justicia en el mundo. Principalmente con debilitamiento de los límites al poder gubernamental, espacio cívico, rapidez de la justicia y ausencia de discriminación.
El Estado de Derecho en la región
Un total de 22 de los 32 países de América Latina y el Caribe incluidos en el informe vieron en el último año una reducción en el Estado de Derecho. En la mayoría se presentaron tres factores principales que contribuyeron al declive: menores límites a los poderes gubernamentales, un deterioro de la Justicia Civil y la falta de protección de los derechos fundamentales.
Uruguay, Costa Rica y Chile fueron los tres Ejecutivos de la región con mayor adhesión al Estado de Derecho. Entretanto, Venezuela, El Salvador y Nicaragua son los países con más violaciones de derechos humanos, pérdida de libertades y profundización del autoritarismo, según el informe.
Esos tres gobiernos latinoamericanos, según esta ONG, han “empeorado considerablemente” en comparación con 2021, indica el documento. Insisten en que la “consolidación del poder ejecutivo y la erosión de los derechos humanos y las libertades” contribuyeron al aumento del autoritarismo en esas naciones.
El Índice de Estado de Derecho del WJP se basa en encuestas en más de 138,000 hogares y a más de 4,200 especialistas. Principalmente mide la percepción y la experiencia de la población general con el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas.
