Los Negros, Azua, RD.- Comunitarios se apostaron frente al tribunal de Azua con un letrero que decía «barcazas asesinas» en protesta mientras se conocía la audiencia sobre las embarcaciones.
Los vecinos exigieron que saquen esas barcazas del lugar por el daño que, según denunciaron, causa a la playa y la salud de la comunidad.
«Debe sacarse esa barcaza de ahí, para que no siga haciendo tanto daño», dijo uno de los manifestantes en el lugar.
Durante la audiencia se recusó a la jueza Karen Castillo, acción que la barra de abogados de la parte demandante vinculó a un plan para impedir que el tribunal conozca el fondo del asunto.
La jueza rechazó la recusación por no tener fundamento, pero, remitió el caso a la corte para que se dirima la cuestión de competencia.
Los abogados que defienden los intereses contra las barcazas defendieron la imparcialidad y el profesionalismo de la jueza Karen Castillo. Además, criticaron la actuación de quienes promovieron la recusación.
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Los comunitarios y la parte demandante alegan que las barcazas operan sin estudio de impacto ambiental y sin licencia ambiental. Además, tampoco, licencia social, por lo que sometieron a la empresa encargada de las barcazas por presuntas violaciones a las leyes ambientales.
«Busque ahí en el expediente a ver si está la licencia ambiental de la nueva barcaza, si está el estudio de impacto ambiental, si está la licencia social», exigieron a la magistrada, añadiendo que, de probarse, se retirarían.
Uno de los residentes de Los Negros narró como afectó en la salud de su familia la contaminación de las barcazas. «La piel de las hijas mías está llena de alergias y es de médico en médico y gastando dinero».
Según el testimonio, antes de la llegada de la primera barcaza no se registraban esas afecciones; actualmente operan tres barcazas y llevan tres años de litigio en los tribunales.
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Reclamo y contexto judicial
Los manifestantes sostienen que hay un temor a que el tribunal no conozca el caso por presiones, y pidieron que la decisión se tome en la provincia de Azua, donde corresponde la competencia.
La parte que apoya la acción judicial afirmó que exigirán que las barcazas se retiren del sector si no acreditan las autorizaciones ambientales.
Por Marcos Lorenzo