Santo Domingo, RD.- La dirección ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), realiza taller sobre detección y disuasión de la colusión en las Contrataciones Públicas (DGCP).
Fior D’Aliza Alduey, directora ejecutiva de ProCompetencia, dijo sentirse agradecida por la entusiasta participación de todos los asistentes.
Además resaltó que “ProCompetencia como autoridad de competencia nacional, está comprometida en seguir dando los pasos oportunos para mantener y afianzar la cooperación interinstitucional con las autoridades locales y las organizaciones internacionales, para lograr un marco regulatorio que permita una interacción directa de información entre las instituciones intervinientes en los procesos de compras, que permitirá fortalecer las herramientas de persecución y sanción de las conductas anticompetitivas en los procesos de compras del Estado”.
Los talleres forman parte del acuerdo suscrito entre ProCompetencia y la USAID-RD, a través del Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial del Departamento del Comercio de los Estados Unidos (CLDP).
Por su parte, en las palabras de clausura, la presidente de ProCompetencia, María Elena Vásquez mencionó: “Es evidente que los efectos colaterales de la Colusión impactan también ámbitos esenciales de la gestión pública como la ética gubernamental, la transparencia de las compras y contrataciones públicas, el presupuesto del Estado y la eficiencia en los servicios públicos, pues los altos precios que implican los acuerdos colusorios para el Estado, impiden invertir en otras áreas prioritarias”.
En la actividad participaron los miembros del consejo directivo señores Juan Reyes, Gianna Franjul, Ivan Gatón y Victor Mateo. Asimismo, contó con la asistencia de los funcionarios que eventualmente se ven involucrados en estos procesos, ya sea en la fase de investigación o decisoria entre los que podemos destacar, jueces, procuradores fiscales, investigadores, agentes, letrados de altas cortes, y el personal técnico de ProCompetencia.
Con el apoyo del Programa de Desarrollo Comercial, Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Comercio y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU., auspiciado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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