Santo Domingo, República Dominicana.- En el marco de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, líderes del sector judicial de 21 países de América Latina y el Caribe; así como representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, firmaron este jueves la Declaración de Santo Domingo, un compromiso histórico para impulsar el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el sector justicia de la región.
A través de la Declaración de Santo Domingo los líderes firmantes se comprometieron a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones del sector justicia a nivel nacional, subnacional y comunitario, con metas, indicadores y presupuestos claros, elaborados de manera participativa e inclusiva, y mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los sistemas judiciales para diseñar, gestionar, e implementar políticas de justicia abierta.
Entre otros puntos, en la Declaración se comprometen a Promover y priorizar la adopción de marcos normativos y políticas públicas que faciliten y contribuyan a la implementación de iniciativas y reformas de justicia abierta con sus correspondientes asignaciones presupuestarias.
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También procurar recursos humanos, financieros y técnicos —internos y de cooperación internacional— para proyectos innovadores en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en el sector justicia.
Entre otros aspectos de la Declaración se destacan, aprovechar y desarrollar capacidades y conocimiento en las organizaciones de la sociedad civil y la academia para la promoción y co-creación de iniciativas, políticas y proyectos de justicia abierta.
Progreso de las políticas
Asimismo, alentar la medición y difusión del progreso de las políticas de justicia abierta mediante indicadores comparables. Además, evaluaciones independientes abiertas al escrutinio público, e informes periódicos en formatos abiertos.
Además, profundizar la generación de conocimiento técnico, su sistematización y difusión para respaldar y facilitar la implementación de reformas de justicia abierta. Basadas en evidencia e impulsar y fortalecer la participación de instituciones judiciales y organizaciones de la sociedad civil. Esto en los espacios de co-creación nacionales y subnacionales de justicia abierta. En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, con procesos inclusivos y verificables.
Finalmente, los compromisos asumidos incluyen alentar la inclusión de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad. Incorporando en los programas de justicia abierta enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas. Además, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, juventudes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.
Países participantes
En la conferencia participaron 21 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos. Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.
