El juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rafael Báez García, aseguró que el cúmulo de penas representa un fracaso encubierto del sistema penal y advirtió que la entrada en vigencia del nuevo código agravará el hacinamiento en las cárceles dominicanas.
«La pena no beneficia a la sociedad; son mentiras. Pero la pena tampoco ayuda ni beneficia a la víctima ni a quien está cumpliendo la pena. La pena es un fracaso encubierto; no habrá solución, no va a haber rehabilitación ni la reinserción. «Habrá más gente presa y el sistema no puede con los 26 mil que dice que tiene», informó Rafael Báez García, juez de la corte de apelación del Distrito Nacional.
Asimismo, el juez de Ejecución de la Pena de Peravia, José Manuel Arias, aseguró que las condenas de hasta 60 años afectarán el fin rehabilitador de la pena. A su juicio, ese objetivo terminará por desvanecerse.
«El alargamiento en estas condenas definitivamente obstruye ese proceso de reinserción, de rehabilitación del que nos habla precisamente la Constitución de la República. «No olvidemos que todo texto secundario que se pueda crear tiene que estar en consonancia con la Constitución de la República», manifestó José Manuel Arias, juez de ejecución de la pena en Peravia.
Fray Aristides Jiménez, director de la Casa del Redentor, sostiene que, en vez de endurecer las penas, el Estado debe invertir en la prevención.
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Debate enfrenta rehabilitación y derechos de las víctimas
De su lado, la directora de la Procuraduría contra la Corrupción, Mirna Ortiz, recordó que son los tribunales quienes deciden la condena. Además, exhortó a pensar también en los derechos de las víctimas.
«No debemos solamente ver los derechos fundamentales desde la óptica del infractor. Tenemos también que ver los derechos fundamentales desde la óptica de la víctima. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en caso de ser víctimas resarcidas frente a la pérdida de un hijo con la imposición de una pena de 60 años? «Esos son aspectos que tenemos que examinar antes de evaluar de manera general el término de las penas», aconsejó Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Anticorrupción.
Los juristas disertaron en el Primer Simposio sobre el nuevo Código Penal y las disposiciones en materia penitenciaria, organizado por la Dirección de Prisiones.
El director de la Casa del Redentor afirmó que actualmente no existen los fondos para una óptima administración del sistema penitenciario. Aseguró que, a partir de agosto, se agravará la precariedad que permea en las cárceles del país.