La JCE manifiesta rotundo rechazo al ingreso de propaganda electoral a recinto militar
La Junta Central Electoral (JCE) informó la prohibición a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales a difundir propaganda electoral o realizar otras actividades propias de la campaña electoral.
Esto a raíz de lo acontecido el pasado sábado en el Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército Nacional, en Azua. Alli quedó captado en fotografías y reseñado por medios de comunicación, el ingreso de vehículos, conteniendo propaganda política.
En ese sentido, manifestó su más profundo y contundente rechazo a este accionar.
A través de un comunicado, la Junta establece que de conformidad el artículo 252 numeral 3 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas son apartidistas.
Además, indica que la Ley Electoral prohíbe a miembros activos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales difundir propaganda electoral. También realizar actividades propias de la campaña electoral.
De igual forma, el organismo electoral hace un llamado a los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y a las autoridades de elección popular, a los fines de que se abstengan de utilizar los actos públicos para beneficiar o generar ventajas de candidaturas.
La JCE advierte que se mantendrá vigilante en procura de preservar la integridad electoral y el respeto a las reglas que rigen la campaña electoral.
le sugerimos leer
Acto político en recinto militar al que se refiere comunicado JCE
Se recuerda que el pasado 14 de febrero se hizo viral en redes sociales la circulación de vídeos en los que se observaba vehículos con afiches del Partido Revolucionario Moderno (PRM) saliendo de la Fortaleza 19 de Marzo. Las imágenes causaron gran revuelo en esa provincia.
Asimismo, según el vídeo, entre los vehículos se alcanzaba a ver un camión con la imagen de la diputada Brenda Ogando (PRM). En esa localidad se encontraba el presidente Luis Abinader en caravana política.
Comunicado íntegro de la JCE
La Junta Central Electoral, en su rol de máxima autoridad en materia de administración y organización de los procesos electorales en la República Dominicana, tiene a bien manifestar su más profundo y contundente rechazo al acto acontecido en fecha 14 de enero de 2024, en las instalaciones que alojan la sede del Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército Nacional, en Azua, en el cual fue captado en fotografías y reseñado por medios de comunicación, el ingreso de vehículos, conteniendo propaganda política. En ese sentido, este órgano electoral tiene a bien establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 252 numeral 3 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas son apartidistas. Asimismo, la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece en su artículo 167, lo siguiente:
le puede interesar
“Prohibición a militares y funcionarios electorales.
En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral”.
La Junta Central Electoral tiene a bien precisar que, las Fuerzas Armadas están sujetas al orden
constitucional y legal vigente y, por consiguiente, las mismas deben cumplir su rol y permanecer
al margen de toda actividad política; en ese sentido, se exhorta a las más altas dirigencias de los
partidos, agrupaciones y movimientos políticos a no propiciar ni permitir injerencias de tipo
político en los cuarteles y demás instalaciones militares; asimismo, exhortamos a las máximas
autoridades de las Fuerzas Armadas, evitar que actos como este se produzcan y, de igual forma,
hace un llamado a los funcionarios/as designados por el Poder Ejecutivo y a las autoridades de
elección popular, a los fines de que se abstengan de utilizar los actos públicos permitidos que
realizan las instituciones a las que pertenecen y los recursos y bienes del Estado para beneficiar
o generar ventajas de candidaturas; por lo que este órgano electoral se mantendrá vigilante en
procura de preservar la integridad electoral y el respeto a las reglas que rigen la campaña
electoral.
