La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), durante una intervención de prensa de su Presidente, Trajano Vidal Potentini, condenó enérgicamente la modificación del Código Procesal Penal realizada por el Congreso Nacional recientemente.
Potentini afirmó que son varios los errores de fondo cometidos en ese texto, resaltando entre ellos la eliminación del tercer párrafo del Art. 85 que permitía a cualquier persona constituirse como querellante en hechos punibles cometidos por funcionarios públicos.
En un Estado Social y Democrático de Derecho que permite el control social y exige por necesidad el sometimiento de la Administración al Derecho, dijo Potentini, es un sin sentido y una imprudencia mayúscula pretender que sea el ministerio público, políticamente dependiente, la única estructura responsable de persecución de la corrupción.
Hablando en el programa televisivo Tele 15, entrevistado por Ramón Puello Báez y Ana Merci Otañez, Potentini advirtió que esa contra reforma del Código Procesal Penal no es solamente innecesaria y contraproducente, sino también susceptible de manchar para siempre lo que hasta ahora es la inmaculada hoja de gobierno del Presidente Medina.
Si bien es cierto que el Código Procesal Penal ameritaba ciertas adecuaciones tras 10 años de aplicación, lo que se ha hecho es un verdadero abuso, que abre la puerta a la impunidad y envía deprimentes señales de compromiso con el crimen organizado y la corrupción. La FJT hace hincapié en que la reforma del proceso penal es violatoria de convenios internacionales contra la corrupción, que no solamente habilitan sino que precisamente exigen a todas las personas y organizaciones poder imputar a los funcionarios públicos por inconductas notorias.
En el caso de los allanamientos nocturnos, Potentini dijo no entender cómo es posible que se necesite tal cosa si supuestamente los organismos de inteligencia actúan con meses de antelación, y tienen todo el tiempo que quieran para actuar. Por el contrario, sostuvo el jurista, «resulta que los arrestos de drogas son casi siempre flagrantes, con lo que se evita la participación del Ministerio Publico, entidad al parecer totalmente ineficiente para liderar la investigación».
La democracia estaría en juego si se permite a los organismos de investigación acusar a quien quieran de cualquier crimen, y obligar al juez a dictar prisión preventiva sin presentación de pruebas suficientes y lícitas, dijo Potentini. Recalcó que no son los individuos los que corren peligro, sino toda la sociedad, porque bastará acusar a alguien para obtener que lo encierren durante años.
Sobre la propuesta de ley especial de naturalización Hablando sobre otros temas de relevancia nacional y actualidad, Potentini declaró que la Organización que dirige está cursando una invitación a todas las embajadas acreditadas en el país, para
informarles e invitarles a tomar conocimiento y compartir la experiencia del proyecto de ley especial de naturalización que presentó justicia y transparencia, de la autoría de Juan Manuel Rosario, experto en derecho migratorio, depositada ante la cámara de diputados de la república dominicana y a líderes políticos, empresariales y sociales a fines de recabar impresiones y compartir preocupaciones sobre la mejor forma de regular la migración en el país.
L FJT emprendió un proceso de socialización del proyecto de ley de naturalización, pasando ahora a la fase de captación de opiniones sobre el tema, para que sean consideradas todas las vertientes del tópico migratorio y se pueda encontrar una solución jurídica y constitucional compatible con el drama humano que viven los inmigrantes ilegales.
