Fiscalía SDE desarticula red de estafa vinculada a robo de RD$27MM

La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitó a un tribunal la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo contra una red de estafa.

Siete personas están involucradas en una estafa electrónica por más de RD$27 millones de pesos, en perjuicio del cliente de una entidad bancaria.

El fraude contra la víctima tuvo que ser subsanado por la entidad bancaria y se originó el 11 de mayo de este año.

La medida se solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en contra de Loren Liselot Ysabel Alonzo, Ángel Ernesto Montes de Oca.

Así como, Frank Santos, Anlly Solano Adames, Evelin Tejeda Méndez, Starling Pérez Vicioso y Yessica Escalante Heredia.

Los presuntos estafadores se arrestaron en un amplio operativo en el que desmantelaron la red delictiva.

La investigación estuvo dirigida y coordinada por el fiscal titular de Santo Domingo Este y Norte, Milcíades Guzmán Leonardo, Waldimir Reynoso Cabrera y Nehemías Salazar.

Sometieron a la justicia a la estructura criminal, luego de que el Ministerio Público obtuviera diferentes pruebas que la vinculan a la estafa millonaria.

El Ministerio Público sostiene en la solicitud de medida de coerción que los imputados cometieron el acto ilícito tras obtener una tarjeta de códigos del banco.

Con dicho documento realizaron pagos y transferencias de forma electrónica.

Señala que realizaron 65 transferencias electrónicas fraudulentas por un total de RD$27,197,966.07.

La fiscalía atribuye a la red de estafa varios delitos

Entre los delitos que les atribuye la Fiscalía, figuran robo mediante la utilización de alta tecnología, obtención ilícita de fondos, transferencia electrónica de fondos

Así como estafa electrónica, robo de identidad, falsedad de documentos y firmas, falsedad en escritura pública y privada y asociación de malhechores.

El Ministerio Público atribuye a los hechos la violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.