Los gobiernos brasileños de Lula y Dilma, del Partido de los Trabajadores, crearon un sistema de apoyo a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Esto les granjeó una elevada popularidad, que permitió que la población no le diera seguimiento a la forma en que se administraba el Estado.
La crisis económica y el destape de recientes escándalos de corrupción, como el billonario caso de sobrevaluación de contratos en Petrobras, han provocado la rebelión de las masas. El día de ayer pasará a la historia como el día en que más de un millón de personas tomó las calles para solicitar un juicio político contra la presidenta Rouseff.
El aumento de precios de alimentos de la canasta básica, el deterioro de los servicios públicos y la disminución de los ingresos reales ha comenzado a pasar factura al gobierno. La gente está nerviosa y molesta.
En ese contexto, el creciente déficit primario del sector público obligará a las autoridades a desmontar beneficios sociales, perjudicando a quienes habían ascendido de la pobreza a la clase media.
Asimismo, la necesidad de consolidar las finanzas públicas llevaría a las autoridades a adoptar medidas impositivas, cuyo costo político será muy elevado. Lamentablemente, Dilma ganó con un margen muy estrecho, por lo cual tendrá serias dificultades para convencer a la gente de que acepte ese sacrificio.
Que sirva el caso brasileño de lección para el resto de Latinoamérica y, en particular, para la República Dominicana.
