Tras casi dos años de la escandalosa y millonaria estafa al programa de ayudas sociales del Gobierno “Supérate” la clonación de tarjetas, no solo continúa, sino que, la justicia no ha respaldado los procesos que han sido llevados a los tribunales. Una agresiva red que involucró comerciantes, colmaderos, policías de altos y bajos rangos, empleados del Estado, abogados, fiscales y políticos.
El equipo de investigación del programa Desclasificado con Addis Burgos, se dirigió a San Juan donde tiene domicilio el principal armador. Según el Ministerio Público, se trata de Daniel Villegas Aquino alias Pocholo. Un joven de solo 29 años, quien paso de vender frutas a ser un aventajado comerciante a quien el Ministerio Público le atribuye activos millonarios gracias a su estructura de estafa.
Tras este equipo de Investigación tratar de comunicarse con Pocholo, este quedó en devolver la llamada afirmando que «sus abogados no le permiten dar entrevistas».
Antecedentes con la Justicia
Durante esta investigación se descubrió con asombro que el acusado de ser el principal armador de las estafas se ha convertido impunemente en un rey en San Juan de la Maguana, pese a tener en su contra una acusación penal de estafa contra el Estado de más de 200 millones de pesos.
Pocholo ha sido «un emprendedor prodigio», Al echar otros vistazos, se descubrió que tiene antecedentes en la justicia por arma de fuego ilegal. Su nombre también figura involucrado en otro caso por drogas. Tras cuatro audiencias y un centenar de reenvíos, el mega caso de estafa al programa Supérate luce trabado en la justicia, pese a tratarse de una red clave en una estafa multimillonaria al Estado.
A pesar de lo complejo, ya han pasado 18 meses de un caso que aún no llega a fase de juicio. Esto permitió fácilmente que el grupo consiguiera su libertad alegando vencimiento del plazo límite de una prisión preventiva.
Fraude Supérate
Para diciembre del 2021 el programa Supérate manejaba un promedio de 18 mil quejas mensuales de personas que nunca tenían dinero en las tarjetas de ayuda aunque eran beneficiarios. El 22 de ese mes tras varios allanamientos simultáneos la clave del entramado fue encontrada en toda la base de datos de los equipos informáticos hallados en la vivienda del comerciante Daniel Villegas alias Pocholo, a quien allanaron en el sector Los Maestros y cruzados con otros miembros de la red.
Tras el allanamiento se encontró 7 teléfonos celulares iphone, 2 teléfonos marca Samsung, tres memorias USB y 921,500 pesos en efectivo. También tres laptop, una tablet, un ipad, tres vehículos que se encontraban en su marquesina, 16 verifone y multiples documentos se encuentran entre las evidencias. Pero la evidencia mayor es lo que encontró el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana (INACIF) cuando hizo un experticio a los aparatos tecnológicos.
¿Cómo operaba la red?
La administradora de subsidios sociales identifica a cada ciudadano beneficiario a través de un código que se encuentra en la parte trasera de la cédula. Los últimos números se convierten en el código de rastreo de un usuario.
La red se apoyó en empleados del Estado para recibir una amplia lista de códigos de beneficiarios en diferentes provincias.
Según el Ministerio Público, el grupo obraba en alianza permanente con policías de alto y bajo rango. Siendo parte de la red inclusive el director del DICRIM en la provincia San Juan. Una vez Pocholo y su grupo conseguían que un comerciante entrara en la mafia, pocos días después le visitaban agentes policiales miembros de la red diciéndoles que ya sabían todo y la única forma de no apresarlos era que pagaran altas sumas de dinero, con el cual Pocholo cobraba dos veces: primero por asociación y luego por extorción.
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Aunque han pasado 22 meses del estallido de esta mafia, la Administradora de Subsidios Sociales vive bajo ataque. Mensualmente son hackeadas cientos de tarjetas de personas pobres a quienes el Estado pretende ayudar mediante el programa “Supérate”. Uno de los elementos de riesgo es que el grupo de personas a quienes inicialmente se atribuye la orquesta se encuentran todos en libertad.
El caso avanza lento. El hecho de que ADESS recibe mensualmente cientos de denuncias por clonación de tarjetas Solidaridad, deja claro que estas redes siguen vivas.