Santo Domingo, R.D.-La Operación Calamar, puesta en marcha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), tuvo su origen en un informe que elaborado por investigadores antifraude de la Contraloria General. En el mismo, se revelan irregularidades en los pagos de más de 17,000 millones de pesos en expropiaciones que hizo el Ministerio de Hacienda entre abril y junio del 2020. La red corrupta estaría encabezada por Donald Guerrero, preso la madrugada de este domingo.
Según el documento del Ministerio Público de agosto del 2022 con base en los informes de los fiscalizadores de la Contraloría, el ex ministro de Haciendas, Donald Guerrero, habría encabezado una red mafiosa que estafó al Estado con más de 17,000 millones de pesos. Y que el total de lo negociado por la red habría llegado a más de 19 mil millones. Investigación que se constituiría en el acto de corrupción administrativa más grande hasta el momento investigado por el Ministerio Público. Todo esto, dió origen a la Operación Calamar.
Según un documento de solicitud de información financiera que hizo el Ministerio Público a la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción, Kenya Romero, en agosto del 2022, Donald Guerrero, junto a otros funcionarios, utilizó deudas públicas para desfalcar al Estado. Todo esto durante los meses en lo que el país estuvo cerrado por la pandemia del Covid 19. Es decir, enero a julio del 2020.
Señaladoos por la PEPCA en agosto 2021
“El imputado Donald Guerrero Ortiz creó una estructura gubernamental con la participación de los funcionarios Emilio Cesar Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, director de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirrillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar”.
Asimismo, “Simón Lizardo Amezquita, administrador del Banco de Reservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, director general de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, contralor general de la República. Princesa Alexandra García y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la dirección de Reconocimiento de Deuda Publica. Entre otros funcionarios de instituciones públicas que se encuentran en subordinados al Ministerio de Hacienda”.
“El modus operandi consistía en que bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizando maniobras fraudulentas. Con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80 por concepto de acuerdos transaccionales. De los cuales hemos identificado se lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiación de terrenos áreas protegidas; así como la simulación de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deuda administrativa”, indica el docuemento.
Estructura corrupta, según informe del PEPCA
La periodista Julissa Céspedes obtuvo el documento legal y otros, confidenciales. Y los presentó el domingo 28 de agosto en Reporte Especial con Julissa Céspedes a las 9.00 PM por CDN Canal 37.
La solicitud de información financiera hecha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que encabeza Wilson Camacho, también solicita información del empresario Ramón Emilio Jiménez alias Mimilo.
En la misma, las autoridades justifican que “en el levantamiento realizado por la Contraloría fueron identificado múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros, bajo la modalidad de supuesta deuda pública. Por concepto de expropiación de terreno, por la suma de catorce mil cien millones de pesos dominicanos (14,100,000,000.00) por acuerdos transaccionales, de los cuales indica el informe que se pagaron la suma de doce mil quinientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos con 27/100, en un periodo de seis meses, comprendido entre enero y julio del dos mil veinte (2020).
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Terrenos usados por Donald Guerrero y compartes
Además, la PEPCA indica en su solicitud en que “durante la investigación hemos determinado que la afectación al patrimonio público es muy superior al indicado en el informe de investigación Especial presentado por la Contraloría General de la República. Y que no solo han utilizado la modalidad de expropiación de terrenos para lograr que el Estado otorgue fondos a favor de la estructura de corrupción, sino que es un entramado de corrupción que utiliza distintas modalidades para lograr burlar los controles normativos y obtener los recursos económicos deseados”.
Entre los terrenos que utilizó el entramado corrupto, según la PEPCA incluyen “hasta el instante, los supuestos terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geográfica nacional a saber: Higüey, específicamente dentro del ámbito comprendido del área protegida del Parque Nacional del Este (Cotubanamá)”.
Además, “Santo Domingo Este, una parcela donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Ameráis (AILA); Distrito Nacional, una parcela ubicada en la franja marítima del Malecón. Además, Santo Domingo Oeste dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo. Y Cotuí, provincia Sánchez Ramírez”.
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Arrestados en la Operación Calamar
En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados para ser presentados a solicitud de medida de coerción se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo,
Adempas, ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar. Y Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios. Además, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
