SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Fueron depositadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional dos nuevas querellas en contra de los señores Marcos Manuel Beltré García y Manuel Emilio Beltre, directivos de Empresas Belgar S.R.L., por presunta violación a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, complicidad, estafa y violación a la Ley de Lavado de Activos, en perjuicio de las señoras Wendy Josefina Agramonte Feliz y Elsa Josefina Sosa Feliz.
Los abogados representantes de las personas estafadas, César Amadeo Peralta y José Feliz Naut, aducen que la Agramonte Feliz y Sosa Feliz habían abierto certificados de inversión por valor de RD$2, 225,000.00 pesos en la Financiera Belgar y que a pesar de no contar con autorización para realizar estas actividades, la empresa procedió a ejecutar dichas actividades, en franca violación a varios artículos de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, y por vía de consecuencia los artículos 59,60 y 405 del Código Penal, así como la Ley de Lavado de Activos, se informó en un comunicado de prensa.
Agregó dicha comunicación que la Fiscalía del Distrito Nacional persigue de manera activa a los representantes de EMPRESAS BELGAR SRL, a quienes acusa de un presunto fraude por unos RD$500 millones de pesos contra varios afectados que han depositado querellas, lo que motivó el cierre de 12 sucursales que operaban bajo la misma actividad y que fueron intervenida por la Fiscalía y la Superintendencia de Bancos.
Refirió el jurista Amadeo Peralta que sus clientes creyeron que se trataba de una empresa autorizada para realizar operaciones múltiples a nivel financiero, y que recibían un documento que simulaba ser un certificado financiero a pesar de que los recibos de depósitos referían la apertura de un certificado de inversión lo cual se trataba de una simulación y por vía de consecuencia, resultaron estafadas sus representadas.
Añadió que la Fiscalía ha incautado e inmovilizado diferentes bienes a Empresas Belgar, SRL, pero los mismos son insuficientes para poder resarcir los daños ocasionados por el fraude cometido, por lo que los ahorrantes corren el riesgo de perder sus ahorros por falta de bienes que cubran los montos defraudados.
