Santo Domingo, RD.- La República Dominicana entró en la segunda fase de la campaña electoral establecida para este 2024 y con esto se reactiva la preocupación ante la ocurrencia de delitos electorales durante el proceso.
Pero, ¿Cuándo una infracción electoral es de tipo penal o administrativa y cuáles organismos deben intervenir?.
RECOMENDAMOS LEER:
Aunque normalizados, comportamientos históricos como la compra de cédulas o el proselitismo a destiempo están prohibidos y la ley define claramente cuando se trata de infracciones administrativas o de tipo penal.
En ese sentido la ley 20-23, sobre Régimen Electoral, a partir de su artículo 308 indica que la Junta Central Electoral podrá sancionar de 1 a 200 salarios mínimos las infracciones siguientes:
Entre estas se encuentran proselitismo a destiempo, uso de símbolos patrios, promover inscripción en lugar diferente al que reside, promover abstención electoral y funcionarios de colegios que se ausenten el día de las elecciones.
Además, funcionarios que no presenten licencia al asumir candidaturas, vandalizar vallas o publicidad de candidatos y promocionar de forma anónima.
La misma ley, a partir del artículo 311, enumera los delitos electorales:
Delitos electorales enumerados en la ley 20-23 de régimen electoral: compra y venta de cédula, soborno, obstaculizar el voto, votar más de una vez y uso de recursos públicos en campaña.
Asimismo, hacer propaganda el día de las elecciones, sustituir boletas, interferir en deberes oficiales, excluir el nombre de una candidato en la boleta y depositar dos o más boletas en las urnas.
Delitos castigados con multas
Estos delitos serán sancionados con multas y penas de hasta 10 años de prisión, ya que su procesamiento compete al Ministerio Público y la justicia ordinaria.
Tanto juristas como politólogos instan a reforzar las funciones de los organismos de control para evitar se repitan ilícitos como los ocurridos en las elecciones municipales.
Unas tres personas tuvieron que responder ante la justicia por la compra de votos durante los comicios de febrero.
Sin embargo, los informes de observadores nacionales e internacionales evidencian la comisión de estos delitos fue mayor.
