Santo Domingo, R. D.- La Oficina Nacional de Defensoría Pública estimó que en las cárceles dominicanas se violan los derechos fundamentales de los privados de libertad en esos centros.
Rodolfo Valentín Santos dijo en la actualidad hay dos sistemas carcelarios operando; uno del nuevo sistema y otro del viejo sistema.
«No existe una resolución, una sentencia que diga que una persona privada de libertad deba dormir al lado de una letrina, con celdas extraordinariamente estrechas y mucho menos insalubres», reflexionó el director de la Defensoría Pública.
Cree que es urgente en el país ocurra una reforma en el sistema penitenciario.
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El reciente Informe de las Condiciones de Detención y Prisión 2023 realizado por la Oficina Nacional de Defensa Pública, reveló serias deficiencias y desigualdades. Aseguraron que persisten en la gestión de los centros penitenciarios en la República Dominicana.
Esto a pesar de la implementación de la Ley 113-21, que busca unificar el sistema bajo un modelo de gestión penitenciaria más humanizado.
El informe subraya la coexistencia de dos modelos penitenciarios: el tradicional y el de nuevo modelo penitenciario. Observaron que presentan condiciones de vida y tratamientos muy dispares para los internos, aunque en ambos se violan derechos fundamentales.
«Adultos mayores con enfermedades terminales. Y yo le pregunto al sistema, por amor a Dios, por qué están estas personas presas?, ¿Por qué no les permiten por lo menos ir a morir dignamente a su casa?», se preguntó Santos.
En particular, el informe denuncia el deterioro significativo de las infraestructuras, la falta de ventilación adecuada en las celdas. También la acumulación de basura, y la carencia de servicios médicos eficientes.
«Estos problemas no solo ponen en riesgo la salud de los internos, sino que también violan principios fundamentales de dignidad y derechos humanos», reflexiona.
El informe aboga por reformas estructurales profundas y una implementación efectiva de la Ley 113-21.
Principales hallazgos del informe:
Desigualdad en la Gestión de Centros Penitenciarios: a pesar de la unificación teórica bajo la Ley 113-21, en la práctica, aseguran, hay dos modelos distintos de gestión.
Detallan que los centros tradicionales continúan operando bajo un sistema obsoleto que no aplica los principios de observación, tratamiento y prueba contemplados en la ley. Indican que esto perpetua así el hacinamiento y las condiciones inhumanas.
Deterioro de Infraestructuras: Las instalaciones penitenciarias, especialmente en centros como La Victoria, enfrentan una sobrepoblación extrema y una infraestructura colapsada.
Otros aspectos que indican son la falta de ventilación, las condiciones insalubres y la escasez de recursos básicos como camas y alimentos son problemas recurrentes que afectan gravemente el bienestar de los internos.
Deficiencias en la Atención Médica: La falta de personal médico y el suministro irregular de medicamentos reflejan un preocupante desinterés por la salud de los privados de libertad.
Las enfermedades y condiciones de salud críticas no son gestionadas adecuadamente, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los internos.
Problemas en la Alimentación: El informe resalta las constantes quejas sobre la calidad de los alimentos, que frecuentemente se encuentran en mal estado, acompañados de una dieta deficiente que no cumple con las necesidades nutricionales básicas de los internos.
Recomendaciones urgentes:
Entre las recomendaciones más urgentes se incluyen:
Demandaron mejoras en la infraestructura y suministro de recursos básicos: así como adecuar los espacios de detención, proporcionar recursos esenciales.
Entre estos recursos nombran como camas y alimentos de calidad, y asegurar un entorno limpio y seguro para los internos.
Proponen el fortalecimiento de los servicios médicos y garantizar el acceso adecuado a la atención médica.
Para ello proponen la contratación de personal especializado y la mejora en la provisión de medicamentos.
Sugieren la revisión de prácticas judiciales y reducir el uso de la prisión preventiva como medida estándar.
Y la vez, agilizar los procesos judiciales para evitar el hacinamiento y la prolongación innecesaria de las detenciones.
Plantean la supervisión y sanción de abusos e implementar mecanismos de supervisión más rigurosos y sancionar de manera efectiva los excesos cometidos por los agentes penitenciarios.
El Informe de las Condiciones de Detención y Prisión 2023 es un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad para que se tomen medidas decisivas y rápidas para reformar el sistema penitenciario dominicano.
Estiman que las condiciones actuales no solo son insostenibles, sino que representan una grave violación de los derechos humanos de los internos, expresó, Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
La implementación de las recomendaciones propuestas es esencial para avanzar hacia un sistema penitenciario más justo, humano y eficiente, que respete y promueva la rehabilitación y reintegración social de las personas privadas de libertad, continuo en su discurso el director de la ONDP.
