Los abogados Nassef Perdomo y Laura Acosta, representantes legales del excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, defendieron la decisión judicial que otorgó un auto de no ha lugar a su cliente en un proceso por presunta corrupción administrativa y sostuvieron que el caso evidenció debilidades en la acusación presentada por el Ministerio Público.
Ambos juristas argumentaron que la lucha contra la corrupción debe desarrollarse dentro del marco constitucional y respetando las garantías fundamentales, al tiempo que cuestionaron la actuación del órgano acusador durante la investigación y judicialización del expediente.
Asimismo, señalaron que la decisión de la jueza constituye una muestra de que los tribunales deben actuar con independencia y valorar las pruebas conforme al debido proceso, sin dejarse influenciar por presiones externas o narrativas mediáticas.
Estas declaraciones se ofrecieron durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 de la noche.
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Convicción profesional basada en el respeto al Estado de derecho
Perdomo explicó que su participación en la defensa de Gonzalo Castillo responde a una convicción profesional basada en el respeto al Estado de derecho. Aseguró que no se puede utilizar la persecución de la corrupción como excusa para violar la Constitución, las leyes o las decisiones de los tribunales.
Según el abogado, la ciudadanía pierde confianza en el sistema de justicia cuando las acusaciones no logran sostenerse en los tribunales. Posteriormente se responsabiliza a los jueces por las decisiones adoptadas.
Por su parte, Laura Acosta sostuvo que el expediente debe ser identificado como “Caso Hacienda”, alegando que los hechos atribuidos ocurrieron presuntamente en esa institución. Además, criticó que el Ministerio Público continúe utilizando nombres para algunos casos judiciales pese a decisiones previas del Tribunal Constitucional sobre ese tema.
La jurista también defendió la actuación de la jueza que dictó el auto de no ha lugar y rechazó las críticas contra la magistrada. Afirmó que la decisión constituye el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional y no un privilegio para el imputado.
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Cuestionan la consistencia de la acusación
Durante la entrevista, los abogados cuestionaron la consistencia de la acusación. Acosta afirmó que existían diferencias importantes entre la solicitud inicial de medida de coerción y la acusación formal presentada posteriormente. Señaló que algunas imputaciones desaparecieron o fueron modificadas durante el proceso.
Asimismo, la defensa criticó el uso de los criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público. Perdomo sostuvo que esa herramienta legal debe servir para desmantelar estructuras criminales. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de fundamentar acusaciones complejas únicamente en testimonios de personas beneficiadas por acuerdos con la persecución penal.