Santo Domingo, RD.-En la gestiones de los ministros de Educación, Josefina Pimentel y Carlos Amarante Baret, fueron entregados más de 182 millones de pesos a contratistas de escuelas que nunca hicieron las obras ni devolvieron el dinero.
Al momento de las contrataciones, los incumbentes no tenían la ubicación ni la disponibilidad de los terrenos donde serían construidas las escuelas, pero entregaron los montos de avances a los constructores y nunca se completó el proceso.
Esta es una investigación del Reporte Especial con Julissa Céspedes a la inversión del 4 % de la educación.
En 2013 se entregaron 182 millones a más de 20 contratistas como anticipo para la construcción y remodelación de escuelas.
Los fondos de la educación se utilizan con tan poca planificación que más de 182 millones de pesos están en manos de contratistas desde 2012.
Y a nueve años de ser entregados esos millones, no hay escuelas ni ha sido devuelto en dinero.
Según una auditoría de Cámara de Cuentas, en el 2020 no se habían construidos los planteles y el dinero continuaba en manos de los contratistas.
Educación desembolsó 182 millones a 20 constructores
Entre 2012 y 2013, el Ministerio de Educación desembolsó a 20 constructores 182, 603,026 pesos por concepto de avance para edificaciones escolares.
Esto sin tener contemplado, al momento de la construcción la ubicación y la disponibilidad de los terrenos donde se construirían las escuelas.
Así lo establece la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a las gestiones de Gloria Pimentel y Carlos Amarante Baret.
La exministra Gloria Pimentel, establece en su reacción que la decisión de entrega los avances fue de la Presidencia de la Republica, en la persona de Danilo Medina.
Así como que los fondos se entregaron en el Palacio Nacional, y mientras a algunos se les pagó sin iniciar los trabajos, los que terminaban las obras pasaban un niágara en bicicleta.
Fue a través de un procedimiento de urgencia en un sorteo de obras que el Ministerio Publico contrató la construcción y remodelación de 548 escuelas.
De ese universo, al menos 20 contratos que firmaron los exministros se hicieron sin contar con los terrenos disponibles para la realización de la edificación.
Y aquí un paréntesis obligatorio, porque declara de urgencia sin contar con las herramientas primordiales para realizar una obra que, a casi una década, aún no entregaron.
Uno de los contratistas que recibió un anticipo del 20% fue Omar Nicasio Romero, quien se convirtió en proveedor del Estado en diciembre del 2012.
Dos meses y 23 días después, firmó un contrato con Educación para remodelar y ampliar la Escuela Básica Inocencia Mercedes Cabrera ubicada en Tamboril, por un monto de 18, 426,281 pesos.
El anticipo que recibió Nicasio Romero fue de 3,685,256 pesos, y a pesar de que el contrato establece que la construcción debía iniciarse a los 5 días de recibir el anticipo, a la fecha no se ha realizado la obra.
Supervisión de obras estaría a cargo de MOPC y OISOE
Por su parte, Rafael De León Medina, recibió en el año 2013 en el Palacio Nacional 4,649,001 pesos.
De León Medina tendría que remodelar y ampliar la Escuela Básica de las Yerbas ubicada en La Vega, cuyo monto total era de 23,245,000 pesos.
A la hora de firmar su contrato con el Ministerio de Educación, tenía 63 días con su registro de proveedor del Estado.
De acuerdo con el contrato, la obra debía iniciarse tras cinco días de recibir el anticipo y entregarse, a más tardar 180 días calendario.
La supervisión de la ejecución de la obra estaría a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado.
Excapitán de la Policía socio de empresa favorecida
Otro contratista beneficiado con un anticipo del 20% de una obra que nunca se construyó fue la empresa Guzmán y Then Comercial Seguridad, S.A, quien recibió 1, 951,284 pesos para la remodelación y ampliación de la escuela básica el Crucero, ubicada en el Crucero, Jarabocoa el monto total de la obra era 9,756,418 pesos.
Según el registro mercantil, esta empresa tiene dos socios José Emérito Guzmán Castro y Melvin Rafael Velásquez Then quien es el gerente de la compañía.
Este último es un excapitán de la Policía Nacional, que cancelaron de las filas por su supuesta vinculación al narcotráfico.
Por el hecho fue procesado penalmente y tuvo un no ha lugar dictado a su favor por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata.
Velásquez Then mantuvo una batalla legal con la Policía Nacional por más de 11 años para que lo reintegraran a las filas.
Además, que le entregaran toda la información relativa a los motivos por los cuales le cancelaron.
Mientras que el juez acogió la acción de hábeas data sometida por Velásquez y ordenó al órgano policial obtemperar a la actualización, rectificación y eliminación de todas las informaciones falsas e inexactas que existieran a su nombre en los registros correspondientes.
El excapitán Velásquez Then aseguró que interpuso una demanda en el Tribunal Superior Administrativo al Ministerio de Educación por incumplimiento del contrato.
Por otro lado, José Emérito Guzmán Castro, también socio de la empresa Guzmán y Then Comercial Seguridad, S.A trabajó en la gerencia de recursos humanos de Aduanas desde el 2014 hasta el 2020 su último sueldo fue de 30 mil pesos mensuales.
Contratistas figuran en nóminas de instituciones estatales
Rafael Odalis Quezada Sánchez, según la constancia de la Dirección General de Compras y Contrataciones, se registró como proveedor del Estado a finales del 2015.
Para el 7 de octubre del 2013 firmó un contrato con el Ministerio de Educación, en la persona de Carlos Amarante Baret.
Cabe destacar, que en el 2015 Quezada Sánchez participó en un sorteo de obras realizado por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, quienes lo deshabilitaron debido a que su registro de proveedores estaba anulado.
Quezada Sánchez firmó el contrato para la construcción de la Estancia Infantil Juana Saltitopa, ubicada en los Alcarrizos, por el monto de 32, 825,944 pesos.
De esa suma, Quezada Sánchez recibió 6,565,188 pesos por concepto de anticipo, pero la obra nunca se entregó.
Rafael Odalis Quezada Sánchez figura en un listado que data del 2017 de la nómina de desvinculados del Consejo Estatal de la Azúcar de su posición como gerente de la Gerencia Inmobiliaria del Este, puesto por el que devengaba un salario de 75,000 pesos.
Luego, en el 2018 paso a ser el gerente de Transporte y Comunicación del CEA con el mismo salario, cargo que ocupó hasta el 2020.
Supuesto primo de Gonzalo Castillo entre beneficiados
A esta lista también se suma, Constructora Terrero Franco; esta recibió un anticipo de 6, 565,189 pesos para la construcción de la Estancia Infantil Villa Verde ubicada en la provincia La Romana.
Esta empresa es propiedad de Adalberto Terrero Castillo, y Carmen Roxana Franco Lebreault.
Terrero Castillo de acuerdo con un tuit de Guido Gómez Mazara, es sargento del Ejército Nacional y es familiar de Gonzalo Castillo.
Cabe destacar que este trabajó en la Comisión Militar como personal de seguridad del Ministerio de Obras Publicas desde el 2018 al 2020, de igual manera, Carmen Franco Lebreault, también socio de la empresa y proveedora del Estado en más de una ocasión, esta última se ha hecho en contrato con el Estado uno de esos fue con el Ministerio de Obras Publicas donde trabajaba su socio comercial, y supuesto primo de Gonzalo Castillo, Adalberto Terrero Castillo.
Por ejemplo uno de las adjudicaciones que benefició a Franco Lebreault fue la construcción de una escuela por un monto de 26 millones 682 mil 236 pesos.
Hermanas beneficiadas con contratas por Educación
Otra beneficiada con un anticipo del 20% fue Paula Cristina de León Inoa, quien debía remodelar y ampliar la Escuela Básica Santo Capoi, en Samaná.
El monto a pagar por la obra seria de 10,440, 445 pesos, de estos, de León Inoa recibió 2,088,089 pesos.
De León Inoa se había registrado como proveedora del Estado en enero del 2013 y, 32 días después de obtener su registro, resultó agraciada con una contrata estatal.
Aquí un paréntesis importante, mientras Paula Cristina de León, estaba firmando este contrato, su hermana la arquitecta Sonja Del Pilar De León Inoa era adjudicada para la construcción de estancias infantiles y construía escuelas en la provincia de Samaná.
De igual manera, la contratista Laura Crespo Vázquez, recibió de anticipo 2,315,751 pesos para remodelación y ampliación de la Escuela Básica Juana Dolores Cruz Jerez.
Esta escuela estaría ubicada en Los Cerros de Duey en Cotuí y el monto de la obra sería 11,578,752 pesos; Crespo Vásquez dijo que la misma está a 30% de su culminación.
Al listado se suma la constructora García Massanet que recibió un anticipo de 11,890,486 pesos para construir la Escuela Básica Pueblo Nuevo en San Cristóbal.
El total ascendería a 59,452,429 pesos y los socios de esta empresa son Fernando Rafael García Massanet, quien es el gerente y Nurian García Vilalta.
Actual funcionario firmó contrato durante gesitón de Amarante Baret
Omar Eladio Gratereaux Martínez, quien ahora es encargado del departamento de Ingeniería e Infraestructura del Programa de Medicamentos Esenciales devengando un salario de 100,000 pesos mensuales, firmó un contrato con el Ministerio de Educación que en ese momento estaba legalmente representando con el exministro Carlos Amarante Baret.
Gratereaux Martínez recibió 14,750, 943 pesos para la construcción del Centro Educativo Liceo Las Caobas, ubicado en Villa Hermosa, La Romana.
El monto a pagar por la obra era de 73,754,713 pesos, al momento de firmar el contrato Gratereaux tenia tres meses como proveedor del Estado.
La empresa Constructora González Taveras y Asociados también firmó un contrato para la construcción del Centro Educativo Básica La Fe 1.
Dicho centro estaría ubicado en Santo Domingo y cuyo total a pagar por la obra eran 58, 853,564 pesos.
Constructora González Taveras y Asociados recibió 11, 770,713 pesos por concepto de anticipo del 20% para iniciar los trabajos de la obra.
De acuerdo con la certificación de Industria y Comercio, esta empresa pertenece a Joel González Taveras, Lucia Mercedes Taveras de González y Sarah Mercedes Cabral.
Joel González Taveras es miembro del Ejercito Nacional en donde devenga un salario de 32,343 pesos mensuales.
Y, a pesar del inconveniente que pudo haber generado que la obra no se llevara a cabo, las relaciones comerciales entre esta empresa y el MINERD es bastante buena, solo en febrero del 2016 la instituciones hizo varios libramientos de pago a la empresa que totaliza la suma de 19,453,334 pesos.
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