Santo Domingo, RD.- Toma de decisiones antijurídicas, fugas constantes, falta de continuidad de programas por escasez de recursos y el tratamiento de regeneración utilizado en niños y adolescentes en muchos hogares del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) merece ser revisado debido al alto nivel de rebeldía en adolescentes que se encuentran dentro del sistema.
El principal programa de protección para la niñez y la adolescencia del Estado se mantiene acéfalo en medio de una urgente necesidad de ser revisado. Se debe a la desnaturalización de sus políticas de trabajo. El equipo de investigación de Desclasificado con Addis Burgos hizo un seguimiento de casos que revelan un descuido sistemático.
Las políticas de niñez se sostienen en programas para los que faltan recursos. Un contra sentido para un país con una población estimada de 10 millones 535 mil 535 habitantes, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE). De estos, un 28.5 por ciento son niños, niñas y adolescentes de 0-14 años. UNICEF establece que el 70 por ciento es una población muy frágil porque vive en un nivel económico bajo que les mantiene en absoluta desigualdad.
El presupuesto aprobado para este año a la institución es de RD$ 1, 510, 783,124.00. De acuerdo con su ejecución presupuestaria, RD$585, 565,700.00 o sea 38.7 por cierto de sus ingresos están destinados a salarios fijos. El 50 por cierto del presupuesto se invierte en servicios básicos, viáticos al equipo logístico, seguros, alquileres… Los programas para la niñez se quedan languideciendo por aportaciones extraordinarias del sector privado, del gobierno o a veces internacionales que ponen en juego su permanencia.
Madre denuncia manipulación de informe
Un caso reciente provoca cuestionar el informe de CONANI al respecto. Se trata de dos niños cuya custodia fue entregada al padre actualmente, que es encargado de la Dirección de Aduanas en la provincia Samaná.
Eily Gómez es la madre de los dos niños de ocho y cinco años. Plantea que en varias ocasiones se dirigió a la Fiscalía por incumplimiento del padre respecto a la manutención. Tuvo en su poder dos órdenes de arresto que nunca se ejecutaron. Pero el caso cambió de rumbo cuando llegó al despacho de CONANI en la provincia.
Señala que el aumento de la pensión hizo sentir al padre desafiado. Y desde ese momento inició una batalla para conseguir la custodia exclusiva de los niños. En ese proceso la Fiscalía requirió de CONANI un informe socio familiar que la denunciante asegura se manipuló. En la visita domiciliaria se le dijo que era una madre fuerte con sus hijos, pero no incapaz de cuidar de ellos. El informe dirigido al juez recomienda de forma explícita que “Los niños sean entregados al padre por tener mejores condiciones socio económicas”.
Para su sorpresa, una decisión judicial basada en el informe multidisciplinario del CONANI le arrebata a sus dos hijos para ser entregados al padre. Esto sucedió pese a que la Ley 136-03 establece en sus artículos 92 y 93 que “Es inadmisible toda demanda de un padre o madre que se haya negado injustificadamente a cumplir con la obligación alimentaria del niño, niña o adolescente”.
Eily Gómez actualmente pide de manera desesperada que una instancia superior revise su caso. Y se verifique el tráfico de influencia manejado entre el padre de sus hijos, Bruno Carrasco, y la encargada del CONANI en Samaná, Magdalena Willmore. Ambos pertenecen al mismo equipo político del PRM en la provincia.
Caos en hogar “supuestamente intervenido”
El hogar de acogida en Jarabacoa fue intervenido cuando hace más de un año. Esto tras denunciarse maltratos hacia las niñas, un cuarto de tortura, fugas permanentes y una alimentación descuidada. Sin embargo, denuncias actuales confirman que persisten las irregularidades, tanto así que la última fuga se produjo hace apenas tres meses. Las adolescentes del hogar suelen hacer desórdenes en los que golpean ventanas y vociferan sus inconformidades en lo más parecido a un “motín carcelario”.
Según la Fiscalía de La Vega, el personal de la casa de acogida con 97 niñas y adolescentes las maltrataba con agresiones físicas, verbales. Y las encerraban en un cuarto de aislamiento como método de castigo donde eran también amarradas.
Los antecedentes de irregularidades en esta casa de acogida ubicada en una zona apartada de Jarabacoa no son recientes. Denuncias del 2014, 2016 y 2018 en torno a las fugas y supuestos maltratos han sido alertas que persisten en el tiempo.
Fracasan programas de reinserción
Las denuncias por manejo cuestionable de CONANI no cesan. Ese desorden también se ve en otros hogares. Hay que recordar cómo hace unos meses fue cerrado un hogar de CONANI en Monte Plata luego del embarazo de una de las internas. Todo indica que los niveles de vigilancia de este hogar mixto no fueron suficientes.
El allanamiento sorpresa se produjo con un aparataje policial traumático para los 19 niños y niñas que se encontraban en el hogar.
Corrupción administrativa no ha sido llevada a los tribunales
De acuerdo con una auditoría de la Cámara de Cuentas, en CONANI se habrían distraído millones a favor de un entramado de corrupción. Sin embargo, el Ministerio Público dejó fuera de la acusación presentada en el expediente Coral a la a exdirectora de la institución.
CONANI sin cabeza
En dos años, las políticas de niñez dirigidas por CONANI han tenido tres directoras:
- Greiby Peña. Salpicada por acusaciones del Ministerio Público por supuesta corrupción administrativa.
- Paula Disla. Su designación en otra posición del Estado dejó muchas preguntas. Se entendía que tenía todo el perfil del cargo, pero fue llevada a otra posición sin explicaciones.
- Ana Cecilia Morún Solano. Había sido coordinadora legal del despacho de la Procuraduría General de la República, y renunció al cargo recientemente. Según su documento de renuncia, requería funciones menos demandantes, aunque esta carta puede que no esté dejando ver todas las caras de la moneda.
