Comentario económico: El choque entre Educación y Contrataciones Públicas era previsible

Es la primera vez que dos entidades públicas se enfrentan a tan alto nivel

Santo Domingo, RD.- El 26 de agosto del año pasado se le recomendó al presidente Luis Abinader, a través de esta tribuna, que reformara la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones a la brevedad posible.

Y se le puso como ejemplo el reto que implicaba las compras de computadoras y tabletas que pretendía realizar el Ministerio de Educación a través del PNUD, a lo cual se opuso la Dirección General de Contrataciones y Compras Públicas (DGCP). Lamentablemente, el primer mandatario no escuchó y hoy está pagando un alto costo.

El Ministerio de Educación se encuentra en un grave conflicto con la DGCP. De acuerdo con información publicada en el periódico Diario Libre, el pasado lunes 26 de julio fueron convocados al ministerio los suplidores que hace ocho meses fueron adjudicados con 56 lotes en un procedimiento de excepción de urgencia para adquirir más de 750 mil equipos informáticos.

El objetivo de esa convocatoria fue pedirles su apoyo frente al Tribunal Superior Administrativo (TSA) en el conflicto que tiene Educación contra Compras Públicas, debido a la decisión de esta última de anular la adjudicación de varios procesos por un monto superior a los 10,000 millones de pesos.

Esto es un verdadero cambio. A mi conocimiento, es la primera vez que dos entidades públicas se enfrentan a tan alto nivel por la interpretación y aplicación de, en este caso, la ley de compras públicas.

Los más perjudicados son los niños que, debido a que no se reformó oportunamente la Ley 340-06, no pudieron utilizar esos equipos informáticos durante el recién concluido año escolar. Como perjudicados también se encuentran los oferentes, tanto los adjudicados, como a los que se les impidió participar adecuadamente y que la DGCP opina que se les debió evaluar sus ofertas.

Pienso que los únicos que se beneficiarán de este choque institucional serán los abogados, expertos en temas administrativos y de compras públicas.

Ese conflicto entre Educación y Contrataciones Públicas no creará valor agregado. Sólo destruirá riqueza y bienestar.

Por: Jaime Aristy Escuder

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