Santo Domingo.- El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Fidel Lorenzo Merán consideró hoy que el cumplimiento de la sentencia sobre la nacionalidad que emitió el Tribunal Constitucional no debe ser decidido por bloques regionales comerciales como la Comunidad del Caribe (Caricom).
Merán explicó, según un comunicado, que el cumplimiento del fallo sobre la nacionalidad dominicana es un tema constitucional de carácter interno y de soberanía, y así lo establecen las normas de derecho internacional.
Asimismo, instó a todos los sectores de la sociedad a que se acojan al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ilegales decretado por el Poder Ejecutivo, y abogó por la integración al mismo de organizaciones de la sociedad civil, para que llegue a buen término.
Advirtió que el cumplimiento de esa sentencia no puede ser revocado por foros internacionales, la opinión pública o grupos activistas porque «se corre el peligro de caer en la ilegalidad y no respetar la Constitución de la República, y ninguna de sus disposiciones puede ser revocada por aclamación popular».
También recordó que la República Dominicana todavía no ha logrado ser aceptada en el Caricom, pese a su insistencia y ruegos desde hace varios años y que su presencia en este foro ha sido poco menos que simbólica, por lo que esos aspectos internos legales de la legislación dominicana tampoco son de su competencia.
«El tema migratorio y discutir o exigir el cumplimiento de una sentencia en un país de la región, no es precisamente uno de los objetivos de ese foro regional, que debería ser precisamente la integración económica de sus países miembros», indicó Lorenzo Merán.
Por otro lado, se manifestó de acuerdo con las expresiones dadas por el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, en el sentido de que es incorrecto que la presidenta del Caricom, Kamla Persad Bissessar, solicite al Gobierno que deje sin efecto el fallo.
Advirtió que tal y como establece la Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y vinculantes a todos los poderes y órganos del Estado.
«Las fórmulas y alternativas para llevar a buen término el cumplimiento de la sentencia deben ser derivadas del respeto a lo que ella misma dispone», aseveró.
Además apuntó que desde hace algún tiempo «se ha desvirtuado el carácter obligatorio de la decisión de ese tribunal, porque muchas veces se ha debatido inadecuadamente y un segmento de la población todavía no entiende su importancia y alcance».
