Como reacción a la decisión de la Corte Suprema de anular sus aranceles recíprocos, Trump anunció que recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer, con efectividad inmediata y hasta por 150 días, un arancel global del 15%.
En medio de esa coyuntura arancelaria se encuentra la República Dominicana. Una nación que firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos a principios de este siglo y ha sido durante más de cien años un socio importante y fiable, tanto en lo político como en lo económico.
El comercio bilateral genera un superávit superior a los 5,000 millones de dólares a favor de la economía estadounidense, mientras que la cooperación dominicana en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha sido constante y decisiva. Incluso autorizó el uso de sus instalaciones civiles y militares para facilitar la operación que permitió extraer de Venezuela a quien es considerado como uno de los jefes del cartel de los Soles.
Así las cosas, resulta fácil concluir que cualquier arancel que se imponga sobre las exportaciones dominicanas carece de justificación económica y política. Corresponde, por tanto, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Industria y Comercio desplegar una estrategia diplomática inmediata y bien articulada. El objetivo debe ser la eliminación del gravamen anunciado y el respeto del acuerdo de libre comercio vigente entre ambos países, tal como ha ocurrido con México y Canadá.
La República Dominicana cuenta con argumentos sólidos, una trayectoria de cooperación ejemplar y un historial comercial favorable a Estados Unidos; es momento de utilizarlos con determinación para asegurar que el país no sea penalizado con un arancel del todo injusto.