Ciudad de México. El gobernador del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, quien se encuentra de licencia para enfrentar una acusación de narcotráfico por parte de EE. UU., aseguró este jueves que desde que surgió el caso permanece en su casa en Culiacán y negó las versiones que apuntaban a que estaría resguardado en una instalación militar.
«Desde el día 1 de mayo hasta hoy he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad de Culiacán. «No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna», afirmó el político, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en una publicación en su cuenta de X.
Así, Rocha Moya respondió a las versiones difundidas por dos medios mexicanos sobre su presunto traslado a una instalación militar. Según esas publicaciones, el cambio de ubicación ocurrió tras un operativo de las Fuerzas Armadas.
Dicha información había sido negada por el Gabinete de Seguridad federal y por la propia presidenta, Claudia Sheinbaum.
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En su mensaje en X, el gobernador de Sinaloa, quien lleva 69 días apartado del cargo para hacer frente a los señalamientos de EE. UU., denunció haber sido víctima de una «atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno», al tiempo que reiteró su inocencia frente a las «falsas» acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.
«Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente», añadió.
Horas antes, Sheinbaum ya había negado que Rocha Moya contara con protección del Ejército mexicano, información que atribuyó a un intento de «dañar al Gobierno».
«No vamos a defender a nadie siempre y cuando haya pruebas», dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria, a la vez que criticó a EE. UU. por utilizar «muchas veces» el narcotráfico como pretexto para «tener una situación de injerencia o debilitamiento» en un país.
En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de diez altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador. Los acusó de colaborar con Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa, a cambio de sobornos y favores políticos.
Dos de los acusados se entregaron a las autoridades estadounidenses. El resto permanece en México para defender su inocencia en un caso que aumentó las tensiones bilaterales con Washington.
Por su parte, el Gobierno federal subraya que, por el momento, no va a detener a los políticos señalados al argumentar que EE. UU. no ha enviado las pruebas que justifiquen esta medida.
Con información de: EFE
