El estatuto de Jerusalén sigue sin resolverse desde 1947 y la Ciudad Santa sin tener una figura jurídica reconocida, por lo que los países no tienen embajadas y la comunidad internacional no la considera capital de Israel.
La promesa que hizo el presidente estadounidense electo Donald Trump de trasladar la embajada de su país a Jerusalén ha reavivado el debate sobre su condición política y legal, marcada por una peculiaridad histórica y sagrada que le confirió un régimen especial nunca concretado.
«El estatus legal se tendría que haber definido en unas negociaciones de paz pero hasta ahora no se ha hecho», explica a Efe Robbie Sabel, antiguo miembro de la delegación israelí para Naciones Unidas que ha formado parte del equipo negociador con Egipto, Jordania y Palestina.
El plan de partición de la ONU de 1947, que dio lugar al nacimiento del Estado de Israel, determinó que Jerusalén quedara bajo control internacional por un periodo de diez años, regida por un Gobernador que no debía ser ciudadano de ninguno de los estados proyectados (estado judío y estado árabe).
«La Ciudad de Jerusalén será constituida como corpus separatum bajo un régimen internacional especial y será administrada por Naciones Unidas», consta en la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La oposición de los países árabes a este plan desencadenó una guerra que impidió la redacción de este estatuto y, tras la contienda, la ciudad quedó divida entre la parte este, controlada por Jordania, y la oeste gobernada por Israel.
El Parlamento israelí (Knéset) aprobó en 1950 una Ley Fundamental para esta zona de la ciudad y la declaró su capital.
«En aquel momento había 24 embajadas, pero la comunidad internacional insistía en definir un régimen especial para Jerusalén», recuerda Sabel.
La guerra de los Seis Días en 1967 abrió un nuevo capítulo legal cuando Israel conquistó la zona oriental que más tarde se anexionó creando una sola entidad administrativa.
«Jerusalén, completa y unida, es la capital de Israel», constó en la enmienda de 1980 a la Ley Fundamental, que poco después fue declarada nula por Naciones Unidas.
«Todos los actos y medidas de carácter legislativo y administrativo que haya tomado Israel, la Potencia ocupante, con el fin de alterar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa carecen de validez jurídica (…)», menciona la resolución 476 aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de junio de 1980.
El 20 de agosto de ese mismo año, una nueva resolución (478) llamó la atención a Israel por el incumplimiento del dictamen y exhortó a los países a retirar sus representaciones diplomáticas de la Ciudad Santa.
El Salvador fue el último país en trasladar su embajada a Tel Aviv en 2006, pocas semanas después de que lo hiciera Costa Rica, los dos únicos estados que mantenían sus sedes diplomáticas pese a la resolución.
Hoy, todas las representaciones se ubican en el área metropolitana de Tel Aviv, incluida la de Estado Unidos, cuya nueva Administración plantea ahora la posibilidad de volver a Jerusalén a pesar de las implicaciones políticas que tendría este movimiento.
Israel conmemora este año el cincuenta aniversario de lo que considera la reunificación de Jerusalén, que para la comunidad internacional representa la ocupación del este de la ciudad en 1967, ilegal en todas las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, insiste en que Jerusalén es una «ciudad indivisible», una declaración incompatible con las aspiraciones palestinas que reivindican la zona oriental como la capital de su futuro estado.
El secretario de Estado estadounidense saliente, John Kerry, reconoció en su discurso de diciembre que la cuestión de Jerusalén es «el asunto más sensible para ambos lados» y sugirió el reconocimiento internacional de la ciudad como capital de los dos estados.
Mientras, la Ciudad Santa es gestionada como una sola entidad por la alcaldía bajo jurisdicción israelí pero, a su vez, es visible la diferencia entre las dos partes de la ciudad que reciben desiguales inversiones en servicios e infraestructuras, según los datos que publicaba ayer el diario Yedioth Ahronoth.
La zona oriental, donde vive el 37% de la población (316.000 árabes de los 850.000 residentes en Jerusalén, mayoritariamente judíos), solo accede al 10% del presupuesto municipal y las poblaciones árabes de estos vecindarios (a diferencia de las colonias judías que están en este territorio ocupado) se benefician de tan solo el 5% de la cantidad destinada a prestaciones sociales, deportes y actividades juveniles.
La cuestión de Jerusalén sigue siendo actualmente uno de los principales escollos en las negociaciones de paz que deberían resolverla y mantiene a la Ciudad Santa en un vericueto legal que dura setenta años. Laura Fernández Palomo
