BERLÍN Alemania.– Cerca de 50.000 mujeres han sido víctimas de la ablación en Alemania y entre 1.500 y 5.500 niñas corren riesgo de ser sometidas a ella, según un estudio financiado por el Ministerio de Familia alemán y realizado por un grupo de ONG que luchan contra la mutilación genital.
El estudio indica como principales grupos de riesgo a las mujeres de familias que proceden de Eritrea, Irak, Somalia, Egipto y Etiopía, de donde provienen la mayoría de las víctimas que viven actualmente en Alemania.
Según los autores del estudio, es difícil predecir lo que ocurrirá con la segunda generación de inmigrantes procedentes de países considerados de alto riesgo.
Para el secretario de estado en el Ministerio de Familia, Ralf Kleindiek, las cifras muestran que el tema es importante en Alemania y que el Gobierno está en la obligación de actuar.
«La mutilación genital es un delito grave que es un problema en todo el mundo y también en Alemania hay mujeres y niñas que corren peligro de ser sometidas a la ablación. Nosotros como Gobierno estamos en la obligación de actuar», dijo Kleindiek en una conferencia de prensa.
La ablación está tipificada como delito penal en Alemania desde 2013 y la ley también castiga la práctica si esta se hace fuera del país, pero esto último muchas familias no lo saben.
El principal riesgo es que las niñas sean llevadas en viajes de vacaciones a otros países donde se les practique la ablación antes de regresar a Alemania.
Contra ese riesgo, el Consejo de Ministros ya aprobó un proyecto de ley que está en trámite parlamentario y que prevé retirarle el pasaporte a personas de las que se sospecha que viajan con niñas para que se les practique la mutilación genital fuera del país.
Kleindiek dijo, sin embargo, que las medidas legales no son suficientes para combatir esta práctica sino que se necesitan campañas de educación y prevención y, para ello, la ayuda de la sociedad civil y las oenegés.
La directora administrativa de la ONG «Terre de Femmes», Christa Stolle, dijo declaró que «la mutilación genital es una grave violación de los derechos humanos que hace que muchas mujeres sufran durante toda su vida».
Su organización, con apoyo del Gobierno alemán, está actualmente desarrollando campañas de educación en las comunidades de mujeres que pertenecen a grupos de riesgo.
En el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora hoy, varias organizaciones de la ONU recordaron que alrededor de 200 millones de mujeres en todo el mundo han sufrido la extirpación total o parcial de sus órganos genitales externos.
Práctica de status
La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica ancestral global, que está lejos de limitarse a países de África y que persiste como un factor de estatus social de la mujer y en algunos lugares determina sus posibilidades de matrimonio, dijeron este lunes expertos en este fenómeno.
«Estamos ante una práctica cultural. En algunas comunidades es una condición para que las niñas pasen a la etapa adulta, para que sean elegibles para el matrimonio o para alcanzar un estatus social elevado», explicó la consejera del Comité Interafricano de Prácticas Tradicionales, Adebisi Adebayo.
Al conmemorarse el Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF, varias organizaciones de la ONU que participan en este esfuerzo recordaron que alrededor de 200 millones de mujeres han sufrido la extirpación total o parcial de sus órganos genitales externos.
Aunque la incidencia de la mutilación genital femenina ha disminuido en varios países (entre ellos Burkina Faso, Kenia, Liberia y Egipto), se mantiene como una práctica generaliza en otros.
En zonas de Kenia y Nigeria, «un niña que no se ha sometido a la incisión no puede casarse», mientras que en otros lugares «una mujer que no ha sido circuncidada no tiene voz en la sociedad y no puede pertenecer a los grupos más importantes de mujeres», señaló Adebayo en una rueda de prensa.
«Las familias se avergüenzan tanto que harán los posible para asegurarse que sus hijas son sometidas a la MGF», agregó.
Más recientemente se ha confirmado la amplitud de la MGF en Indonesia e Irán, y se ha descubierto que para el pueblo indígena embera en Colombia es un rito ancestral de pasaje a la edad adulta.
«Se trata de un problema global, que cada vez cruza más las fronteras», aseguró por su parte Alfonso Barragués, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Población, que gestiona con UNICEF un programa de lucha contra esta práctica.
Los últimos datos recogidos indican que los países con mayor prevalencia de MGF entre las mujeres de 15 a 49 años son Somalia (98%), Guinea (97%) y Yibuti (93%), aunque la gran mayoría sufre la ablación al cumplir los cinco años.
Entre las niñas de catorce años y menos, Gambia es el país con más prevalencia, con un 56 % de mujeres sometidas a la MGF, seguida de Mauritania (54%).
En Indonesia, cerca de la mitad de niñas de once años ya han sufrido de esta práctica, que tiene graves consecuencias físicas y psicológicas de largo plazo.
Entre las complicaciones más comunes están el dolor agudo, el sangrado severo, problemas urinarios y menstruales, así como cistitis e infecciones.
Además está relacionado con complicaciones en el parto y un elevado riesgo de recién nacidos muertos.
A nivel psicológico se ha observado que puede provocar depresión, ansiedad, desórdenes postraumáticos y baja estima.
«Desde tiempos ancestrales, muchas comunidades dan a esta práctica un valor positivo, así que nuestro trabajo consiste en aportarles evidencias de que causa graves daños a la salud», comentó Barragués.
Con ese fin las organizaciones trabajan directamente con las comunidades, ya que está comprobado que el cambio sólo puede provenir de ellas mismas y no de imposiciones exteriores.
Desde que se inició en 2008 el Programa de Naciones Unidas contra la MGF, cerca de 18.000 comunidades en 17 países han declarado públicamente que renuncian a esta práctica, con 2.900 declaraciones de este tipo sólo en 2016 y una tasa de cumplimiento del orden del 70 %.
Además, 13 países han aprobado leyes para luchar contra la mutilación genital femenina y el año pasado hubo 72 condenas, que en algunos casos involucraron a personal médico que aceptó a realizar esas intervenciones y en otros a familiares.
Sin embargo, Barragués explicó que la solución de este problema no pasa por condenar a padres o abuelos de las víctimas, que constituyen el sosten de sus familia, sino de convencerles de erradicar esta práctica
