La madrugada de este viernes quedará marcada en la historia política del Perú: el Congreso destituyó a Dina Boluarte como presidenta de la república, tras declararla incapaz de enfrentar la ola de criminalidad que golpea al país.
Con una amplia mayoría, los legisladores aprobaron las cuatro mociones de vacancia por “incapacidad moral permanente” que distintas bancadas promovieron en las últimas semanas.
La sesión estuvo cargada de tensión y simbolismo. El país se sumergía una vez más en la dinámica de destituciones presidenciales que lo marcan en los últimos años.
Boluarte había sido convocada a defenderse, pero decidió no asistir y calificó el proceso de “inconstitucional”.
Su ausencia reforzó la narrativa de sus opositores, quienes la acusaron de no dar respuesta a la violencia que domina varias ciudades del país.
Perú en incertidumbre
El detonante de esta decisión fue el auge del crimen organizado, especialmente las bandas dedicadas a la extorsión que operan con aparente impunidad. Para los congresistas, la falta de liderazgo desde el Ejecutivo resultó insostenible.
Perú entra ahora en una tormenta política y social: la sucesión presidencial deberá definirse en medio de una ciudadanía golpeada por la inseguridad y la desconfianza hacia las instituciones.
Una seguidilla de destituciones
En 2020, Martín Vizcarra fue removido por el Congreso en medio de acusaciones de corrupción. Dos años después, Pedro Castillo cayó tras su intento fallido de disolver el Parlamento. Ahora, Boluarte sigue el mismo camino, acusada de incapacidad moral y falta de liderazgo frente a la violencia criminal.
Pero el historial es más largo: Alberto Fujimori renunció desde Japón en el 2000, aunque el Congreso lo destituyó de todas formas. El patrón de presidentes removidos, encarcelados o perseguidos judicialmente ha dejado al Perú con una democracia debilitada.
