El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo este jueves vía libre para su reelección indefinida. Esto ocurrió luego de que el Congreso, bajo su control, aprobó una profunda reforma constitucional. La reforma también amplió el mandato de gobierno de cinco a seis años.
Bukele, de 44 años, gobierna desde el 2019 y se reeligió en 2024 con un 85% de los votos. Este resultado le dio un dominio casi absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado. La oposición tacha esta situación de «dictadura».
En un trámite exprés, los 57 diputados oficialistas, de una Asamblea Legislativa de 60 escaños, decidieron permitir la «reelección sin reservas». Además, ampliaron el mandato de gobierno, sincronizaron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminaron la segunda vuelta electoral.
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Fuegos pirotécnicos estallaron en la plaza principal del centro histórico de San Salvador. Esto ocurrió mientras los legisladores ratificaban la reforma constitucional en una segunda sesión plenaria, la sesión que fue convocada por la noche, en una expedita entrada en vigor.
«Gracias por hacer historia, colegas diputados», dijo el jefe legislativo, Ernesto Castro, del gobernante partido Nuevas Ideas.
El Congreso también acortó en dos años el actual mandato presidencial, que concluía en 2029. Esto se hizo para celebrar elecciones generales en marzo de 2027. En dichas elecciones, Bukele podrá participar tras quedar habilitada la reelección presidencial indefinida.
Bukele goza de enorme popularidad por su «guerra» contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia en el país. Pero su política de seguridad está basada en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos porque permite detenciones masivas sin orden judicial.
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La reforma constitucional fue presentada por los oficialistas. Esto ocurrió tras una oleada de detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, situación que a forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
«Ha muerto la democracia»
En una parada de buses del norte de San Salvador, el maestro Mauricio Acevedo, de 41 años, dijo no estar sorprendido. «Aunque muchas obras han sido buenas, la tendencia a lo malo irá en aumento. Al final solo nos quedará ser testigos de lo que suceda», declaró a la AFP.
La diputada oficialista Ana Figueroa, quien presentó la reforma, celebró que los salvadoreños ahora «van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente».
«Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras», dijo por su parte en el plenario la opositora Marcela Villatoro. Ella criticó que se aprobara la reforma cuando el país entra en una semana de vacaciones: «Son unos cínicos».
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Para Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW), con la reelección indefinida, El Salvador recorre «el mismo camino que Venezuela». «Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura», escribió en la red social X.
«Las reformas llevan a un desequilibrio total en la democracia que ya no existe», comentó a la AFP el coordinador de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
En su discurso por el primer año de su segundo mandato, Bukele aseguró que le tiene «sin cuidado» que lo llamen «dictador». Esto lo dijo ante la ola de críticas en su contra por las detenciones de activistas humanitarios.
Escalada represiva
Leal a su «amigo» Donald Trump, su imagen internacional se vio empañada, esto ocurrió por haber mantenido durante cuatro meses incomunicados en la megacárcel que construyó para pandilleros a 252 venezolanos. Al ser liberados, estos denunciaron torturas y abusos.
Envalentonado por su relación con Trump, el gobierno de Bukele detuvo en mayo y junio pasado a defensores de derechos humanos. Entre ellos se encuentra la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental.
La organización donde trabajaba López, Cristosal, partió recientemente al exilio tras denunciar una «escalada represiva».
Los grupos de derechos humanos aseguran que Bukele usa contra sus críticos, para acallarlos, el régimen de excepción que mantiene desde hace tres años en el país. Este régimen limita libertades y permite arrestos sin orden judicial.
Bajo el estado de excepción, unas 88.000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices. Según las ONG como Cristosal y Socorro Jurídico, miles arbitrariamente detenidos y unos 430 han muerto en prisión.
Ya en 2024, la reelección de Bukele cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, permitida por un fallo de jueces afines.
