Brasilia.- La Justicia brasileña comenzó este martes a juzgar a diez militares. Están acusados de planear el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades.
El caso se vincula al intento de golpe liderado por el exmandatario Jair Bolsonaro, quien ya fue condenado a 27 años de cárcel.
Este proceso está directamente relacionado con la sentencia de septiembre pasado contra el líder de la ultraderecha. Bolsonaro fue hallado culpable de conspirar para impedir la investidura de Lula tras las elecciones de octubre de 2022.
La Policía Federal realizó una investigación que sirvió de base a la Fiscalía.
Concluyó que los diez militares planearon asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes.
En ese momento, Moraes era jefe de la Justicia electoral y ahora es relator del proceso.
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Sala de la Corte Suprema
El juicio se desarrollará en la Primera Sala de la Corte Suprema, la misma que condenó a Bolsonaro.
Se llevará a cabo en cuatro sesiones, que deberán concluir el 19 de noviembre.
Los acusados del supuesto y frustrado magnicidio eran en su mayoría miembros de un grupo de élite del Ejército brasileño.
Según la Fiscalía, presentaron sus planes al propio Bolsonaro en noviembre de 2022, cuando aún ocupaba la Presidencia.
«Las evidencias indican que Bolsonaro tenía pleno conocimiento del plan operacional», afirmó la Fiscalía.
Los militares vigilaban en esos días los pasos de Lula, Alckmin y De Moraes, para estar listos si se decidía ejecutar los asesinatos.
La investigación se apoyó en los registros de entrada y salida de visitantes al Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia.
También revisaron el contenido de diálogos entre personas cercanas al líder ultraderechista y analizaron fechas y reuniones celebradas en la época.
El autor intelectual del plan, llamado «Puñal Verde Amarillo», habría sido el general de la reserva Mario Fernandes.
En ese momento, Fernandes ejercía como viceministro de la Secretaría General de la Presidencia brasileña.
Integrantes
Diversos documentos obtenidos por la Policía describen «todos los datos necesarios para la ejecución» del magnicidio, que incluía el uso de integrantes de un grupo de élite del Ejército, conocido como ‘kids pretos’, y armas de guerra contra vehículos blindados.
Por los planes para impedir la investidura de Lula, la Fiscalía ha presentado acusaciones contra Jair Bolsonaro y otras 36 personas, todas en la época estrechos colaboradores del expresidente.
Los tribunales han condenado al líder de la ultraderecha y a otros siete acusados, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.
Recibirán penas de entre dos y 27 años de cárcel.
La semana pasada, la Primera Sala de la Corte Suprema rechazó las apelaciones presentadas por las defensas de Bolsonaro y los otros siete reos, con lo que el proceso entró en fase de ejecución de la sentencia, lo cual pudiera ocurrir este mismo mes.
Sin embargo, sus abogados ya han adelantado que solicitarán la manutención de la prisión domiciliaria, debido a que el expresidente tiene 70 años de edad y una salud debilitada por las secuelas de una puñalada que le asestó un enfermo mental en septiembre de 2018, en medio de la campaña para las elecciones que lo llevaron al poder.
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Además de las consecuencias de ese atentado, hace dos meses le fue detectado un incipiente cáncer de piel, que reforzaría la petición de prisión domiciliaria que pretende presentar su defensa.
EFE