El poder electoral de Venezuela postergó para 2017 las elecciones de gobernadores que debían realizarse a fines de 2016, aumentando la tensión política a una semana del recaudo de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
«Las elecciones regionales (gobernadores) quedan establecidas para finales del primer semestre de 2017», informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, a través de la televisión estatal.
Por mandato constitucional, los comicios de gobernadores deberían celebrarse a finales de año al cumplirse el cuatrienio para el cual fueron elegidos en diciembre de 2012.
Lucena no explicó las razones del aplazamiento y tampoco hizo mención al proceso de referendo. Sólo añadió que las elecciones municipales se celebrarán en «el segundo semestre de 2017», como estaba previsto, y en marzo y abril las primarias de las organizaciones políticas.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ganó en forma arrasadora las legislativas de diciembre pasado, no reaccionó aún a esos anuncios.
Dirigentes chavistas ya habían deslizado la posibilidad de la postergación de las elecciones regionales.
Hace dos semanas, Maduro dijo que organizar elecciones no era una prioridad en Venezuela, sino «recuperar la economía», pues el país petrolero atraviesa una severa crisis agravada por la caída de los precios del crudo, fuente de 96% de sus divisas.
Otros líderes oficialistas también habían señalado que mientras siga el proceso del referendo revocatorio que solicita la oposición no podían celebrarse elecciones.
Para Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales, «anunciar de forma abrupta el calendario electoral 2017 podría ser la antesala de la suspensión del revocatorio y evitar que (al gobierno) se le llame dictadura».
La MUD se apresta a recoger, entre el miércoles y viernes de la próxima semana, cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) que exige el CNE para convocar el referendo.
La oposición exige que el revocatorio se haga este año porque si el presidente pierde habría elecciones anticipadas; pero el CNE ya adelantó que, si se logran las firmas, se haría en febrero o marzo de 2017, cuando Maduro, aun revocado, podrá ceder el poder a su vicepresidente.
Más temprano este martes, el oficialismo advirtió que buscará cerrar el paso al referendo contra Maduro, elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez y cuyo mandato concluye en enero de 2019.
«Los chavistas no queremos revocatorio. Tenemos que ponérsela difícil en el marco de la Constitución», dijo el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, ante unas 4.000 seguidores que marcharon hasta la sede del Parlamento, coreando «¡Referendo revocatorio, no hay!».
La MUD tiene en el camino varios obstáculos. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que acusa de estar a merced del gobierno al igual que el CNE, determinó el lunes que la oposición deberá recaudar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los 24 estados.
El fallo determina que con solo un estado que no cumpla la meta, el proceso hacia la consulta popular quedará anulado.
La oposición sostiene que la ley pide ese porcentaje a nivel coacciona y no por regiones, pero dice estar segura de poder superar ampliamente el mínimo requerido, confiada en el malestar popular por la crisis económica y la impopularidad de Maduro, que firmas privadas estiman en alrededor del 75%.
«Eso es lo que los tiene preocupados», dijo este martes en rueda de prensa el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, refiriéndose al oficialismo.
Para el diputado opositor Freddy Guevara, la postergación de las elecciones de gobernadores no desviará el foco principal de la oposición: superar las cuatro millones de firmas y lograr la fecha del referendo revocatorio.
