En un comunicado conjunto los negociadores del Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc acordaron este sábado trabajar de manera conjunta en un mecanismo para «aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas» y añaden que lo que se quiere es «contribuir a la satisfacción de sus derechos”.
En el anuncio además se señala que fueron dos los acuerdos a los que llegaron las partes; primero: poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno. Este procedimiento se dice, se pondrá en marcha antes de la firma del acuerdo final.
Segundo: “Se dispuso la creación de una Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.
El acuerdo alcanzado este sábado establece medidas humanitarias que en las que se debe iniciar a trabajar de manera inmediata para dar con la “ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, que se desarrollarán en el marco del proceso de construcción de confianza”.
Uno de los protagonistas en este tema será el Comité Internacional de la Cruz Roja, organismo al que se acudirá en búsqueda de apoyo para el diseño y puesta en marcha de lo acordado. No en vano el CICR será el encargado de recibir la información de la que dispongan las partes para facilitar esta acción humanitaria, información que se sumará a la que puedan suministrar las organizaciones de víctimas.
Otras de las entidades clave en este acuerdo será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en coordinación con el CICR deberá diseñar las estrategias y planes para llevar a buen término este proceso que será acompañado igualmente por la Fiscalía General de la Nación.
Entre los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional está el “acelerará la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como N.N. en cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto”. Para esto se tendrán presentes las recomendaciones de Medicina Legal.
De otra parte, se deberá hacer entrega digna de los restos identificados que no hayan sido aún entregados a sus familiares. En caso de cuerpos de miembros de la guerrilla se recurrirá al CICR para la entrega digna de los mismos a los familiares de los insurgentes.
Las FARC se comprometieron a entregar la información necesaria para la ubicación e identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento, y contribuirán a la entrega digna de los mismos.
De cara a la búsqueda, ubicación e identificación, las partes le solicitarán a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que construya entre noviembre y febrero de 2016 un plan con recomendaciones que permitan el mencionado propósito. En este caso se abrirá la puerta para la participación de organizaciones de víctimas, especializadas y de derechos humanos.
Así las cosas se busca –reza el acuerdo-, “satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación”. En esta vía el Gobierno Nacional se comprometió a poner en marcha en el marco del fin del conflicto y tras la firma del Acuerdo Final una unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio “con fuerte participación de las víctimas” en procura de la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
“Esta unidad tendrá un carácter humanitario y hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Gozará de la necesaria independencia y de la autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones”, dice el comunicado dado a conocer desde la Habana. Dicha unidad (UBPD) “entregará a los familiares un reporte oficial de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona o las personas dadas por desaparecidas”, y se aclara que los procesos y procedimientos que adelante la UBPD tendrán carácter humanitario y extrajudicial.
En este marco se puntualiza que la búsqueda de restos por parte de la UBPD no inhabilitará a la Jurisdicción Especial para la Paz y demás órganos competentes para adelantar las investigaciones que considere necesarias para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de la victimización del caso asumido por la UBPD.
“En todo caso tanto los informes técnico forenses como los elementos materiales asociados al cadáver que se puedan encontrar en el lugar de las exhumaciones, podrán ser requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz y otros órganos que sean competentes. Con el fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario de la UBPD para satisfacer al máximo posible los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, y ante todo aliviar su sufrimiento, la información que reciba o produzca la UBPD no podrá ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, a excepción de los informes técnico forenses y los elementos materiales asociados al cadáver”.
Por su parte los funcionarios de la UBPD no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de denuncia respecto al trabajo que desempeñen en la Unidad, y de ser requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz, por otras autoridades competentes o por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, quienes hayan realizado los informes técnico forenses deberán ratificar y explicar lo concerniente a esos informes y los elementos materiales asociados al cadáver.
