SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El Fiscal General de la República, funcionarios, políticos y diversos sectores de la población salvadoreña celebraron el martes la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar terroristas a las pandillas.
Tras estudiar durante casi ocho años cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, la Sala de lo Constitucional rechazó los planteamientos de los demandantes declarando que no son inconstitucionales y concluyó que las pandillas son grupos terroristas.
La sentencia suscrita por los cinco magistrados de la Sala concluyó que «son terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado».
Agregó que «sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas en sus diferentes grupos y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones), lavado de dinero, narcotráfico o de otra índole».
En su sentencia, la Sala a su vez definió lo que debe entenderse como terrorismo y señaló como tal «compeler a las autoridades gubernativas a negociar concesiones penitenciarias o de otra índole», lo que cerró cualquier posibilidad de entablar diálogos o negociaciones con las pandillas.
«La declaratoria de terroristas a pandillas viene a sumarse al trabajo que hace la Fiscalía», publicó en la cuenta oficial de Twitter de la institución el Fiscal General Luis Martínez.
El Fiscal ha mantenido una posición firme contra las pandillas a las que siempre ha llamado «delincuentes terroristas» y también ha criticado lo que llama «tregua hipócrita» impulsada por estos grupos y avalada por el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
El secretario de Comunicaciones del gobierno salvadoreño, Eugenio Chicas, se congratuló por la decisión y dijo que servirá para que los tribunales de justicia apliquen la ley.
En tanto el diputado Guillermo Gallegos, líder de la bancada parlamentaria de la Gran Alianza Por la Unidad Nacional, explicó a periodistas que «es una herramienta ideal. Ya no habrá excusa alguna para ningún juez de la república para no aplicar la Ley Contra Actos de Terrorismo».
«Esta situación es insoportable, que metan presos a los criminales y así podamos vivir en paz», dijo María Teresa Sánchez, dueña de un pequeño negocio en el centro histórico de la capital.
