El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana emitió un fallo que sacude el sistema judicial dominicano: la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10-15, la cual introducía modificaciones al Código Procesal Penal (Ley 76-02).
No solamente invalidó el artículo 24 de la ley, sino que también extendió su inconstitucionalidad al cuerpo completo de la normativa, lo que deja un total de 111 artículos de 449 inválidos.
Francisco Álvarez Martínez, abogado especialista en derecho penal, calificó como ‘‘un duro golpe a la comunidad jurídica’’ la declaración del TC. Esto sucede mientras se debaten importantes temas sobre el proceso penal.
‘‘La legislatura se ha manejado de una manera informal, los legisladores cuando tienen el poder, ya sea de un lado o del otro, entienden que el trámite es un mero formalismo y que todo termina cuando sale una legislatura’’, explica Martínez.
El Código Procesal Penal es la ley 10-15 que el TC acaba de destruir por un problema de forma en como la ley se crea y se introduce al organigrama legislativo, señala el abogado.
‘‘Estamos viendo un Tribunal Constitucional a raíz de la nueva conformación que al cambiar la más de la mitad de la nueva conformación o cerca de la mitad se está cambiando la esencia de ese órgano colegiado con personas que académicamente tienen diferentes opiniones y tesis’’, por lo que indica que esta es la razón por la que se está viendo un órgano constitucional más enfocado a deudas históricas frente a los procesos penales, los imputados e investigados. ‘‘En las últimas tres semanas han salido sentencias que han cambiado la forma en la que el derecho se lleva en la República Dominicana’’, agregó.
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Código Penal puede estudiarse y aprobarse en dos meses
El especialista apuntó a que en ningún país debería estudiarse por separado lo sustantivo de lo procesal, refiriéndose a Código Penal y el Código Procesal Penal. ‘‘La vida nos dio la oportunidad de poner esos dos proyectos uno al lado del otro y estudiarlos juntos’’, sin embargo, también concluyó que estas discusiones no se pueden realizar ‘al vapor’, pues el objetivo no es que se apruebe algo por simplemente terminar el proceso, sino que impera la necesidad de la mejor versión de ambas piezas para la sociedad que tenemos en la actualidad.
Sobre la duración en que se pueda durar en la discusión de estas dos importantes piezas para el sistema de justicia, el abogado señala que: ‘‘si hay voluntad política eso se hace en dos meses, hay ejercicios académicos que provienen de universidades y organizaciones que por aportar lo hacen que están ahí y los diferentes paneles que se hacen en universidades con expertos nacen de opiniones que esos expertos han rendido cada uno por su lado’’.
Realizar discusiones, debates que son diferentes a los consensos sobre temas espinosos como el aborto, que han mantenido el Código Penal inmóvil por mucho tiempo podría dar una salida a que en pocos meses se tenga una pieza penal perfecta, perfecta para lo que la sociedad necesita actualmente concluyó Martínez.
