Documentos evidencian que se violentaba la ley para beneficiar a grupos empresariales y alimentar las arcas del Estado
Santo Domingo, RD.- A través del programa de investigación Reporte Especial de la periodista Julissa Céspedes, que se transmite por CDN, se evidenció que durante años, especialmente entre los años 2012 y 2016, los titulares del Ministerio de Industria y Comercio aprobaron resoluciones poco transparentes que representaron cuantiosas alzas en los precios de los combustibles, algunas de ellas para favorecer a pequeños grupos empresariales.
Según se evidenció en el programa de investigación, la administración del ex ministro José del Castillo Saviñón se caracterizó por aprobar ese tipo de medidas, algunas de las cuales, en la práctica, se han convertido en impuestos ilegales que pagamos todos los consumidores de combustibles, sin que ninguna institución del Estado se opusiera a tales irregularidades.
“El Ministerio de Industria y Comercio no legisla, quien legisla es el Congreso y cualquier carga impositiva que se aplique sobre la Ley 112-00 de Hidrocarburos tiene que pasar por el Congreso, si en el pasado, a nivel de Resolución, han ocurrido incorporaciones a los precios”.
Tal es el caso de la Resolución 007-2013 del siete de enero de 2013, la cual impone un aumento progresivo a futuro, de 80 dólares por galón en el precio de cálculo base del Gas Licuado de Petróleo (GLP), por concepto de transporte internacional de ese hidrocarburo, estableciendo la entrada en vigencia de esas alzas en un plazo de dos años, lo cual, según los economistas, es absurdo, pues resulta imposible saber cuánto costará el transporte marítimo de combustibles en un plazo tan largo.
Con esa resolución, el costo calculado por concepto de Flete en el precio de paridad de importación del GLP pasada de 135 dólares con 50 centavos en enero de 2013, a 205 dólares con 50 centavos en enero de 2015, aunque durante todo 2014 el costo que rigió fue de 225 dólares con 50.
“Al PPI basado en un supuesto sobrecosto en el costo del transporte marítimo, transporte marítimo que nada más lo hace un solo barco aquí en RD que fue comprado por ese mismo grupo en el 2003, que debió haber sido pago como 20 o 30 veces, porque supuestamente salía más caro y no sé qué”.
Lo más grave de esa medida, es que a esos montos aumentados en dólares, había que sumarles los impuestos de verdad, los legales, como el 16% ad valorem y las comisiones a los mayoristas, minoristas, transportistas, entre otros, por lo que el aumento en el precio del combustible era exponencial.
Pero peor que aquello, fue la medida aplicada por el mismo José del Castillo Saviñón, hoy senador por la provincia Barahona, a través de la Resolución 365-2015 Bis, de fecha 30 de diciembre de 2015, en la que dispone dos nuevos aumentos en el precio cálculo base del GLP.
El primero es de otros 30 dólares por concepto, otra vez, del flete internacional por transporte del combustible, el cual sube ahora de 2015 dólares con 50 a 225 dólares con 50 centavos por tonelada métrica de GLP importado. Además, aumentó otro costo de base para el cálculo del combustible, definido como costos de operación de la terminal de importación, el cual elevó de 47 dólares con 50 a 60 dólares por tonelada métrica.
Esa Resolución que 365-2015 Bis que estableció un aumento de 32 dólares con 50 de un solo fuetazo al precio de Paridad de Importación del GLP, sólo tuvo una justificación: Financiar la ampliación de la terminal de importación de Combustibles de San Pedro de Macorís, propiedad de la empresa Coastal Dominicana, tal como ésta lo solicitó a ese ministerio.
Es decir, el entonces ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, impuso un elevado recargo en el precio de base al GLP que pagamos todos los consumidores, para que la empresa Coastal pudiera ampliar su capacidad de importación de combustibles y, por ende, ganar más dinero.
Ese decir, que entre enero de 2013 y diciembre de 2015, José de Castillo Saviñón elevó el precio de base para el cálculo del precio de GLP, el combustible más consumido en la República Dominicana, en 112 dólares, a lo que se suman los impuestos y demás cargos.
La investigación de la periodista también reveló que el monto denominado Gasto de Administración de Ley, mejor conocido como GAL, el cual también se le carga al precio base del combustible, no está transparentado y ni siquiera los más estudiosos del tema conocen con precisión a cuánto asciende.
Aún hay más, en el año 2008, siendo el ministro de Industria y Comercio José Ramón Fadul, la Resolución número 095 eliminó el subsidio que hasta esa fecha tenía el Gas Licuado de Petróleo, y lo que es peor, creó un nuevo impuesto de 80 centavos de peso denominado Comisión Operativa del Bonogas, el cual nunca se ha explicado cómo se maneja, a dónde va a parar ni en qué se invierte
“Me tendrán que explicar por qué están cobrando esos 80 centavos”. Según las cifras del Ministerio de Industria y Comercio, en 2018 en el país se vendieron más de 40 millones de galones de GLP al mes, por lo que esos 80 centavos representaron unos 32 millones de pesos mensuales, o 384 millones de pesos al mes, que nadie sabe a dónde van a parar.
Por: Oscar Guedez
