Santo Domingo, RD.- Sanciones penales y demandas por daños y perjuicios es la consecuencia legal por una intervención telefónica sin una orden judicial.
Juristas consultados opinan que en la República Dominicana, para intervenir una llamada telefónica, se requiere de una autorización judicial.
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La ley contempla demanda por daños y perjuicios contra compañías prestadoras de servicio telefónico y sanciones penales para las personas físicas implicadas en estas prácticas.
