Revelan informaciones sobre pagos de Odebrecht en República Dominicana

Señalan desembolso de 39 millones de dólares

La página de internet del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, publica documentos filtrados pertenecientes al sistema Drousys, de la compañía Odebrecht Construcciones Estructuradas, que revelan que la empresa supuestamente pagó 39 millones de dólares a firmas consultoras, para obtener el contrato de construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.
Según la publicación de los comunicadores, “los libros contables del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht” evidencian 62 pagos en la República Dominicana, por un total de 39 millones de dólares, entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014.
Uno de los beneficiarios sería el economista Andrés Dauhajre, quien según el portal, prestó asesoría financiera a Odebrecht para reducir su propuesta de costos económicos y ajustarla a los requerimientos del Estado dominicano como ente contratante, lo que permitió que a la constructora brasileña se le adjudicara el contrato.

El economista habría recibido los pagos por estos servicios a través de la empresa Baker Street Financial, que habría recibido cinco pagos por un total de 3,3 millones de dólares.
Según el portal, el propio Dauhajre confirmó, a través de una carta, que su empresa, Baker Street Financial, “prestó de manera exitosa y efectiva el servicio de asesoría solicitado por Odebrecht durante los años 2014 y 2015”, y que “ese servicio de estructura financiera fue el que generó la remuneración pagada”.
Según el citado artículo, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura María Guerrero Pelletier, conminó al Consorcio de Periodistas a “depositar ante el Ministerio Público dominicano los documentos que sustenten” los alegatos de esta denuncia, pues “despierta interés, el hecho de que el Consorcio de Periodistas tenga en su poder información relevante para una investigación de naturaleza penal”.
Sin embargo, la organización de comunicadores deja claro que parte de su política es no colaborar o compartir materiales con los organismos judiciales.

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