MADRID España.- Los expresidentes del Gobierno español Felipe González y José María Aznar han llamado este jueves en Madrid a que la Organización de Estados Americanos (OEA) active la Carta Democrática contra Caracas ,que abriría el proceso de suspensión del país del organismo, para forzar una salida al laberinto político, económico y social en que se encuentra la nación sudamericana.
Los exdirigentes, acompañados por personalidades como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el presidente del consejo de administración del Grupo PRISA (editor de EL PAÍS), Juan Luis Cebrián, los políticos españoles Alberto Ruiz-Gallardón y Javier Solana y Leopoldo López padre, entre otros, denunciaron en un acto por la libertad de los presos políticos venezolanos la falta de voluntad negociadora del Gobierno de Nicolás Maduro. “He creído que el diálogo es la solución”, afirmó González. “Pero el Gobierno solo ha usado la mesa para hacer tiempo”, reprochó, en referencia a la mesa negociadora instalada el año pasado entre Gobierno y oposición, que se encuentra suspendida por el incumplimiento de los pactos suscritos por Maduro. Aznar calificó de “farsa” dicho diálogo.
González recriminó que antes de iniciada la negociación hubiera en el país 84 presos por razones políticas y que esa cifra haya aumentado a más de un centenar transcurridos varios meses de buscar un acercamiento entre las partes. También criticó la existencia de prisiones en sótanos entre 16 y 17 metros bajo tierra, conocidos como La tumba. “Con presos políticos no hay democracia”, sentenció el ex jefe de Gobierno.
Al igual que en el caso de López, este fin de semana se cumple un aniversario, el segundo, del encarcelamiento del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. López, encerrado en la prisión militar de Ramo Verde desde 2014 bajo duras condiciones de reclusión, cumple una condena de 13 años y nueve meses por delitos asociados a las manifestaciones populares contra el régimen de tres años atrás, concretamente por los delitos de daño a la propiedad pública y asociación para delinquir. “Cuando estuvimos allí, tuvimos que hablar con él a gritos en la cárcel”, recordó el abogado español Javier Cremades, que ha participado en la defensa de López, sobre las condiciones de encarcelamiento del dirigente.
Con un orden institucional completamente trastocado, una inflación del 700% el año anterior, según el Fondo Monetario Internacional, y unos altísimos índices de inseguridad ciudadana (de cerca de 30.000 muertes violentas anuales, de acuerdo con datos de organizaciones de derechos humanos), Venezuela se enfrenta ahora a la presión redoblada de la Administración estadounidense. Tras incluir esta semana al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, en una lista negra del Departamento del Tesoro de EE UU por narcotráfico, el presidente Donald Trump exigió el miércoles con un mensaje en Twitter la libertad de López. “Venezuela debería permitirle a Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori, salir de prisión de forma inmediata”, publicó Trump en un mensaje acompañado con una foto en la que posa junto a Tintori, el vicepresidente Mike Pence, y el senador republicano Marco Rubio, artífice del encuentro en la Casa Blanca.
