Una firma financiera de China pretende programar el embarazo de sus empleadas e incluso multar con hasta 1.000 yuanes (145 euros) o privar de bonificaciones y ascensos a quienes den a luz sin su permiso. Además, solo podrán quedarse encinta las trabajadoras que lleven más de un año en su puesto.
Las exigencias de esta empresa, ubicada en la provincia central de Henan, han causado una agria polémica en las redes sociales y en los medios de China. Según informa la agencia France Presse, algunos periódicos han criticado a la compañía, radicada en la ciudad de Jiaozuo, por considerar a sus empleadas «meras herramientas de trabajo, y no seres humanos». La empresa, que ha contratado a muchas mujeres jóvenes últimamente, se defiende argumentando que teme que todas ellas se queden embarazadas al mismo tiempo y asegura que la propuesta es solo un borrador.
No es la primera vez que semejante intromisión en la vida privada causa controversia en China, donde su autoritario régimen está levantando ahora algunas restricciones a la natalidad impuestas a finales de los años 70 para controlar la superpoblación. Con más de 1.370 millones de habitantes, China se ha regido durante estas casi cuatro últimas décadas por la política del «hijo único», que ha impedido 400 millones de nacimientos. Pero, desde finales de 2013, Pekín está permitiendo que los matrimonios urbanos tengan más de un hijo para evitar el futuro desequilibrio de la pirámide poblacional y la diferencia de género que sufre el país, donde hay 116 hombres por cada 100 mujeres por la tradicional preferencia familiar por el varón. A pesar de esta relajación de las normas, menos parejas de las previstas han solicitado tener un segundo hijo.
Hasta 2005, China no abolió la ley que impedía casarse y tener hijos a las universitarias, que se veían obligadas a abortar si no querían verse expulsadas de la carrera. Con una edad mínima para casarse fijada en los 20 años para las féminas y los 22 para los varones, las parejas necesitaban hasta entonces la aprobación de las universidades para formalizar sus relaciones, una bendición que raramente conseguían. En otro ejemplo de la intromisión del Estado en la vida privada de los individuos, las jóvenes tenían que elegir entre abandonar sus estudios y renunciar a su carrera o abortar, una operación tan extendida en China que cada año se contabilizan unos 13 millones de interrupciones del embarazo.
Pero la progresiva modernización y apertura que ha traído el crecimiento económico ha otorgado a los chinos más derechos sociales, que no políticos, y estas restricciones profesionales o académicas a los embarazos son ahora rechazadas y criticadas con fuerza en los medios y en internet.
