SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El expresidente salvadoreño Francisco Flores se sentó el jueves en el banquillo de los acusados en el primer día de la audiencia preliminar para que responda por los cargos de peculado y enriquecimiento ilícito por más de 15 millones de dólares.
El juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Argüello, escuchó a los representantes de la Fiscalía General de la República, abogados querellantes y defensores que expusieron sus argumentos, y después de 12 horas de debates determinó que la audiencia continuará el viernes.
Al final de la sesión, García Argüello decidirá si desestima las imputaciones contra el exmandatario —quien gobernó de 1999 a 2004-, si lo deja en libertad, o que el juicio continúe y pase a la fase de vista pública.
El juez también deberá decidir si modifica la calificación jurídica de los delitos imputados y acepta que el exmandatario sea juzgado por lavado de dinero como han pedido los abogados querellantes que representan a la sociedad civil.
Flores es el primer presidente de la historia reciente de El Salvador en ser procesado por corrupción. Guarda arresto domiciliario desde noviembre de 2014 después de estar hospitalizado por una trombosis
Los querellantes, que pertenecen a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y a la Iniciativa Social para la Democracia, han criticado a la Fiscalía General por el manejo que ha hecho de juicio y por negarse a sumar el delito de lavado de dinero.
Durante la audiencia los abogados defensores trataron de desacreditar la legalidad de la participación de los abogados querellantes y rechazaron que a su defendido se le impute dicho delito.
Por su parte, la abogada querellante Berta de León declaró que «hay elementos para acreditar tanto el delito de peculado como el de lavado de dinero».
El fiscal Luis Zamora recordó que la investigación inició cuando una comisión Especial de la Asamblea Legislativa citó al expresidente para investigar el destino de 10 millones de dólares donados por Taiwán, «pero el señor Flores dijo que recibió mucho más dinero».
Según la Fiscalía, de los 15 millones de dólares que donó Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001, cinco millones habrían pasado a formar parte del patrimonio personal del expresidente y 10 millones fueron transferidos a cuentas del entonces gobernante partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
La declaración fiscal señaló que se abrió una cuenta en un banco de Costa Rica a nombre de una entidad jurídica denominada Centro de Estudios Jurídicos José Antonio Rodríguez Porth y que los 10 millones de dólares fueron retirados en un lapso de seis meses. La cuenta fue cerrada en abril de 2004.
Rodríguez Porth era suegro de Flores y era miembro del partido Arena.
El abogado querellante Ramón Villalta señaló que el destino de la donación de Taiwán «ya está determinado. La Fiscalía ha dicho con toda claridad. Cinco millones (de dólares) no tenemos certeza porque no hay camino identificado claramente, pero de 10 millones está claramente establecido que el dinero terminó en cuentas del partido Arena».
Villalta dijo que hicieron la petición de la responsabilidad social «para que se cumpla con la responsabilidad civil devolviendo los 15 millones de dólares, que venían para una serie de obras de beneficio social y económico para la población afectada por los terremotos y para los más pobres del país».
Los abogados querellantes también pidieron al juez que sean citados a declarar los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014).
La abogada De León dijo que Saca tenía injerencia en el manejo de la cuenta bancaria del partido Arena donde depositaron 10 millones de dólares.
En cuanto a Funes, De León pidió que informe sobre la investigación que ordenó al ministerio de Relaciones Exteriores y cómo se enteró de la existencia de un reporte de operaciones sospechosas detectadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que ingresó a la Fiscalía salvadoreña en septiembre de 2013 y que supuestamente involucra al expresidente Flores.
En la exposición inicial la Fiscalía pidió elevar el caso a vista pública y solicitó que el exmandatario siga bajo arresto domiciliario, pero los abogados querellantes han insistido que sea enviado a un penal.
Al concluir los alegatos en el primer día de la audiencia preliminar, el abogado defensor Edgar Morales Joya afirmó que dejaron claro que no hay méritos para que Flores esté sentado en el banquillo de los acusados.
«Aquí no se ha establecido ninguna prueba que demuestre que el señor Flores recibió esos cheques, que endosó esos cheques, mucho menos que los haya depositado. No hay ni un testigo que diga nosotros vimos cuando el señor Flores recibió esos cheques, vimos cuando entregó esos cheques, solo dicen inferimos, presumimos, y un juicio no se lleva bajo inferencias», manifestó.
Morales Joya también descreditó lo dicho por Flores al ser interrogado por los diputaos de la Asamblea Legislativa donde confesó haber recibido dinero de Taiwán.
«Las organizaciones (sociales), toda la sociedad puede entender que él confesó. Está bien, es una apreciación popular, pero eso llevado a un juicio tiene que cumplir ciertos requisitos legales», sostuvo.
En la audiencia estuvieron presentes la esposa y los dos hijos del expresidente.
