SANTIAGO, Chile.- Un conscripto chileno confesó que ejecutó a 10 personas de un tiro en la cabeza y que luego dinamitó sus cuerpos para no dejar rastro de su existencia. Otro dijo que la patrulla militar a la que pertenecía roció con gasolina a dos adolescentes y los quemó vivos.
Ambas confesiones, hechas públicamente este año, tienen a los chilenos sorprendidos con los detalles de los crímenes cometidos durante la sangrienta dictadura (1973-1990) que cambió la historia de Chile. Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas creen que las confesiones indican la existencia de pacto de silencio entre los militares sobre muchas de las atrocidades cometidas durante el gobierno del general Augusto Pinochet, y que finalmente pueden salir a la luz pública.
«Siento que por fin se está rompiendo porque los criminales ya no aguantan más», dijo a The Associated Press, Verónica de Negri, madre del joven Rodrigo Rojas, que murió quemado vivo en 1986, cuando tenía 19 años. «Fíjate en el último, quienes realmente están rompiendo son todos hombres jóvenes que fueron obligados a cometer crímenes. Van a seguir cayendo, esto es como un dominó».
Durante casi tres décadas, muchos de los autores de estas matanzas y masacres han gozado de impunidad. Pero después de que un ex soldado testificara sobre el asesinato de Rojas, en julio pasado, un juez acusó a siete ex militares del crimen en el que también resultó gravemente quemada Carmen Quintana, entonces adolescente.
La última y sorpresiva confesión llegó a principios de diciembre: sucedió durante un programa de radio que, por lo general, se centra en anécdotas personales, algunas humorísticas, otras sobre asuntos del corazón y unas más de un talante más grave.
Al aire y haciéndose llamar simplemente «Alberto», un conscripto llamó y dijo que quería contarle a la audiencia su historia de amor. Pero, a renglón seguido, narró una historia mucho más oscura. Dijo que era veterano del Ejército y que se llevó a varias personas al desierto, les disparó en la cabeza y les voló los cuerpos a punta de dinamita.
«Yo participaba de una misión especial y llevábamos a varios de estos tipos a la pampa (el desierto), les pegábamos un balazo en la cabeza, dinamita, y ‘paf’ no quedaba ni la sombra», dijo quien luego fue identificado como el recluta Guillermo Reyes Rammsy, ahora de 62 años, al programa ‘Chacotero sentimental’, de radio Corazón. «Ni siquiera su sombra se quedó».
En su testimonio radial, que se extendió por 25 minutos, dijo que tras el golpe militar de 1973 se convirtió en francotirador y que cumplía órdenes superiores y admitió al menos 18 asesinatos.
También reconoció que aunque recibía órdenes, le quedó gustando eso de matar.
«Uno actuaba por maldad y después cachabas (entendías) que te gustaba y te volvías loco», dijo. «Luchabas contra ese sentimiento».
Días después de revelar el secreto con el que vivió durante 42 años, Reyes fue detenido por orden del juez Mario Carroza, que sólo investiga crímenes de lesa humanidad, quien lo mantiene bajo arresto domiciliario. La AP intentó contactar a Reyes Rammsy pero no fue posible.
El sicólogo Giorgio Agostini dice que después de tanto tiempo hay «personas que están con un sentimiento complicado de culpa, y quieran de alguna manera liberarse, y el hecho de hablarlo, y en este caso de hacerlo público, les provoque una liberación».
Muchos conscriptos están dispuestos a contar las atrocidades en las que participaron cuando tenían unos 18 años y cómo el ejército chileno, que los reclutó obligatoriamente, se transformó en una fuerza de ocupación y exterminio al mando de Pinochet.
También podrían convertirse en la llave para abrir la puerta que permita saber dónde están cientos de desaparecidos, y darían los nombres de los oficiales que participaron u ordenaron los crímenes, dijo a la AP Fernando Mellado, líder de un grupo organizado de conscriptos.
Los familiares de las víctimas de la dictadura también esperan que otros reclutas hablen mientras que activistas de derechos humanos critican lo que consideran una inefectiva acción del gobierno de Michelle Bachelet en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.
El gobierno respondió en diciembre con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que entre sus tareas tendrá el establecer políticas públicas sobre las víctimas de la dictadura.
Pero la madre de Rojas, cuyo hijo murió incinerado, dijo que cuando descubrió en una estación del metro de Santiago un mural en homenaje a los jóvenes quemados, concluyó que el gobierno «no quiere… no tiene la más mínima intención de hacer justicia».
Otro camino alternativo está en manos de la justicia, que podría aceptar el ofrecimiento de los conscriptos de decir la verdad a cambio de sentencias cortas que puedan cumplirse en libertad, como las que han disfrutado centenares de militares.
«Hoy día hay gente que está dispuesta a hablar, pero cuál es el temor, justamente lo que le pasó a Guillermo Reyes», dijo Medallo en referencia al conscripto que confesó en la radio.
«Si el Estado me libera de responsabilidad… yo creo que lo vamos a hacer (hablar) sin ningún problema, porque los responsables no somos nosotros», añadió Mellado. Cuando el golpe de estado ocurrió «éramos niños que fuimos brutalmente avasallados, para simplemente convertirnos en autómatas y hacer lo que se nos ordenaba».
Pero los conscriptos, además, alegan que son víctimas de militares de alto rango.
«Al clase (cabo, sargentos, suboficiales) los dejaban a cargo de las dos o tres compañías (del regimiento de telecomunicaciones) el fin de semana… (militares de alto rango) se curaban, se mimetizaban, se pintaban las caras con corchos y asaltaban la cuadra», dijo Medallo. «Se metían por las ventanas, con pistola en mano, se iban donde los más chicos, les ponían las pistolas en la cabeza y los violaban».
Las atrocidades relatadas por el líder de los soldados y uno de los pocos que logró recuperarse y estudiar una carrera universitaria, parecen ser infinitas.
Durante 13 años los conscriptos, organizados como grupo de hecho, tocaron sin éxito las puertas de los Ministerios de Defensa, del Interior, de parlamentarios y hasta de autoridades eclesiásticas, pidiendo contar la verdad para luego pedir la reparación a las violaciones a los derechos humanos de las que dicen que fueron víctimas mientras cumplían su servicio militar.
