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Imputado en Operación Lobo habría recibido más de 35 millones en soborno

Operación Lobo destapa red de militares y civiles que manipulaban contratos por más de RD$35 millones.

Santo Domingo. – El Ministerio Público reveló que una red de militares y civiles habría manipulado licitaciones públicas, cobrado comisiones ilegales y exigido sobornos millonarios a empresas proveedoras de servicios de seguridad para garantizarles contratos y agilizar sus pagos. Estas maniobras fraudulentas se ejecutaron entre 2012 y 2025 y forman parte del expediente de la Operación Lobo.

Según la solicitud de medida de coerción, la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senasa), propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez González, habría pagado más de RD$35 millones en sobornos para asegurar adjudicaciones y renovaciones de contratos en instituciones públicas, sin contratiempos.

Uno de los principales beneficiarios sería Bolívar Nicolás Fernández Espinal, gerente de seguridad de Edenorte. Espinal habría recibido más de RD$35 millones entre 2020 y 2025. También figura el coronel Andrés Pacheco Varela, quien habría recibido RD$5.1 millones entre 2017 y 2020.

En Edesur, se señala que se pagaron alrededor de RD$15 millones en sobornos entre 2012 y 2020, los cuales habrían sido recibidos por el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, el coronel Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, y otros tres implicados.

Operación Lobo destapa red de militares y civiles que manipulaban contratos

Por su parte, el coronel Luis Ernesto Vicioso Bocio, director de seguridad de Edeeste, presuntamente exigió pagos bajo amenaza de retrasar pagos contractuales. El mismo obtuvo RD$1.6 millones entre enero y junio de 2021.

En Inaipi, los sobornos superaron los RD$12 millones. El coronel Francisco Guarín Fernández Vásquez y el teniente Wellington Peralta Santos habrían recibido RD$3.7 millones. Esto, a través de la cuenta bancaria de la esposa del teniente. Además, RD$6.3 millones en efectivo por favorecer a una empresa en el proceso de licitación.

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El Ministerio Público explicó que en una segunda etapa, los involucrados exigieron más sobornos utilizando adendas contractuales. Para evitar rastros, usaron métodos alternativos de pago, y aunque se ha identificado una parte del dinero, el monto total y la cantidad de implicados siguen bajo investigación.

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