Santo Domingo, RD.- En un esfuerzo titánico por garantizar la justicia, la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) reporta que 24,722 privados de libertad están asignados a sus defensores públicos, reflejando el firme compromiso de la ONDP con la asistencia legal gratuita para aquellos que no cuentan con un abogado. Este compromiso se realiza en estricto cumplimiento del artículo 176 de la Constitución.
La alta demanda de servicios legales ha puesto a prueba los recursos de la ONDP, que actualmente cuenta con 182 defensores públicos, y 151 abogados adscritos contratados. Cada defensor maneja entre 400 y 500 casos, evidenciando un déficit preocupante de 250 miembros, lo que subraya la urgente necesidad de aumentar el personal para mantener la calidad del servicio.
En los primeros cinco meses de 2024, los defensores públicos han realizado 9,068 visitas a centros penitenciarios y destacamentos policiales manteniendo una presencia activa en todas las etapas del proceso penal, desde la detención hasta la liberación. Este esfuerzo incesante es un testimonio del compromiso de la ONDP para asegurar que los derechos de los imputados sean defendidos en todo momento.
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Provincias con mayor asistencia de la defensa pública
Las provincias con mayor asistencia de la Defensa Pública durante este periodo fueron: Provincia Santo Domingo (1,190), Santiago (1,022), Distrito Nacional (821). Así mismo Barahona (508) e Higüey (458), conformando en conjunto el 36% del total de casos ingresados.
«La Oficina Nacional de Defensa Pública continuará trabajando incansablemente para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una representación legal adecuada y que se respeten los principios fundamentales de justicia en el sistema judicial de la República Dominicana».
Rodolfo Valentín, director de la ONDP.
El mismo expresó que la Defensa Pública es una institución esencial que ofrece asistencia legal gratuita mediante un cuerpo de abogados altamente calificado dedicados a representar a personas privadas de su libertad o vinculadas a procesos judiciales, que carecen de recursos económicos para costear un abogado o que, por cualquier causa, no disponen de uno.
