Caracas.- Privados de libertad de al menos 16 cárceles venezolanas mantienen huelga de hambre, desde que iniciaron la protesta el domingo, principalmente contra el retraso procesal. Según informó a EFE, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental que defiende los derechos de los reclusos.
La OVP registró las citadas huelgas en 16 de los 23 estados del país sudamericano. Incluidas las cárceles, cuatro anexos de mujeres recluidas y 14 centros de detención preventiva.
La ONG publicó a través de la cuenta de X varios videos. Estos muestran a decenas de reclusos (hombres y mujeres) cantando el himno nacional y exhibiendo pancartas dentro de los centros penitenciarios.
En un documento enviado al OVP, un grupo de reclusos -cuyo número no fue facilitado- solicitó que diputados, jueces, Ministerio Público y defensa pública se presenten. Esto es «para que se haga efectiva la práctica del plan revolución judicial». Esta contemplaba solucionar en 60 días el hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela, según anunció el presidente Nicolás Maduro en 2021.
En el escrito, también se exige «libertad inmediata para los privados que se encuentran con retardo procesal». Así como la de «toda persona mayor de 70 años» y de quienes encuentren en condiciones de salud «que no puedan resultar atendidos en los centros de reclusión«.
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«Tenemos un problema grave de retardo procesal, de garantías judiciales, de hacinamiento, de salud, corrupción; tenemos un problema grave de alimentación y tráfico de armas y de drogas», dijo a EFE Humberto Prado, director del OVP.
Sin mencionar la huelga, en las últimas 24 horas, los Ministerios de Interior y Penitenciario han compartido imágenes a través de X, donde se muestran presos junto a personal de salud. Informaron visitas «como parte de la garantía de los derechos humanos de la población penitenciaria en el país».
La OVP informó a EFE que está documentando los casos y que ha enviado comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización Mundial Contra la Tortura y Amnistía Internacional. También, al relator del Comité Contra la Tortura en Ginebra, a la Oficina del Alto Comisionado y la Federación Internacional por los Derechos Humanos.
Con información de EFE
