Hace la aclaración luego de denuncias en Nuria Investigación Periodística
Santo Domingo, RD.- La Dirección General de Contrataciones Públicas aclaró este domingo que los procedimientos de compras y contrataciones de emergencia por el coronavirus, cumplieron con los principios de publicidad y participación establecidos.
Señaló mediante un comunicado que las compras y contrataciones cuestionadas fueron todas publicadas en el Portal Transaccional y en su mayoría tuvieron amplia concurrencia. Es decir, contaron con una participación significativa en la mayor parte de los casos.
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Citó sólo como ejemplo, en un proceso participaron 24 empresas y fueron adjudicadas 15; en otro de 17, se adjudicaron 6. Recordó que, hasta septiembre de 2012, ninguna compra y contratación de emergencia era pública ni ningún otro proceso, y por tanto, sólo unos cuantos participaban.
Recordó igualmente que, aún cuando son compras declaradas de emergencia, y por tanto se encuentran liberadas de los procedimientos ordinarios, deben cumplir con lo que establece la normativa, y los requisitos (especificaciones y criterios de adjudicación) que fijen las instituciones responsables de estas adquisiciones, quienes deberán justificar sus decisiones.
La Ley 340-06 y su modificación, en el párrafo único del artículo 6 numeral 1); y el Reglamento de aplicación 543-12 en su artículo 3, numeral 2) y el artículo 4 numerales 1) y 8), disponen lo siguiente:
- Las compras y contrataciones de emergencia, deben ser declaradas por Decreto con la debida justificación.
- Los decretos que declaran la emergencia, incluyen los bienes, productos y. Las obras que pueden ser contratadas.
- Cuáles son las únicas instituciones autorizadas a comprar bajo la declaratoria de emergencia.
- Aunque la declaratoria se realiza por Decreto, cada institución contratante es responsable del cumplimiento.
- La obligatoriedad de dar máxima publicidad a los requerimientos y los documentos generados, según aplique.
- El cumplimiento de los requisitos que establezca cada institución, que deberá asegurar calidad, el precio y el tiempo de entrega oportuno; o cualquier otro criterio que establezca la entidad que contrata, que deberá ser tan razonable como sea posible, teniendo en cuenta el estado de emergencia.
- Todo el que cumpla con los requerimientos tiene derecho a presentar ofertas.
- Las instituciones tienen derecho a elegir proveedores frecuentes, que hayan cumplido a tiempo y con las demás condiciones requeridas.
- El gobierno ha asegurado que cuenta con los recursos necesarios para realizar los pagos a los proveedores (as).
- Cada institución deberá rendir los informes que ordena la Ley a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuenta de la República Dominicana y deberá publicarlos en la página web de la institución y en el Portal Transaccional.
Expresó que en los casos denunciados, y dado que los proveedores no cumplieron con el plazo de entrega, el SNS y el MISPAS, notificaron la rescisión de las adjudicaciones, iniciaron el procedimiento para solicitar la inhabilitación por incumplimiento y se está procediendo a realizar nuevamente la publicidad de los requerimientos.
En relación a los pagos, dijo que el Gobierno dominicano cuenta con el presupuesto necesario para pagar todas las compras y contrataciones realizadas, declaradas de emergencia.
En cuanto a los proveedores, estableció que fue verificado que éstos se encuentran inscritos y activos en el registro de proveedores del Estado y se trabaja en el levantamiento de información de las actividades comerciales inscritas, así como la composición accionaria, además de otros aspectos que han sido objeto de denuncia.
En relación a la denuncia sobre el aumento exorbitante de los precios, expresó que “es importante recordar que estamos presenciando y participando en mercados internacionales completamente alterados y fuera de lo tradicional. Especialmente en lo que se refiere a medicamentos e insumos médicos, incluidos vestimentas de protección, guantes, mascarillas etc. El COVID-19 es un virus que está afectando a nivel global y actualmente todos los gobiernos necesitan lo mismo y al mismo tiempo, por lo que existe una muy alta demanda y limitada oferta”.
Además, añadió que informes internacionales advierten sobre restricciones al libre comercio, indicando que más 50 países han prohibido la exportación de los bienes y productos que fabrican sus empresas y que son requeridos para dar atención a la pandemia.
Dijo que desde el inicio de la declaratoria de compras de emergencia, se ha incorporado el seguimiento a los precios de estos bienes a través del Sistema de Precios del sector público, que permite conocer los precios a los que compran los mismos bienes y servicios cada institución. A esto se ha agregado también la observación de los mercados internacionales.
De esa forma, aseguró que hay información real sobre precios, que contribuya a delimitar comportamientos irregulares y definir actuaciones jurídicas “para quienes traten de aprovechar el momento para especular, poniendo en juego la salud y la vida de los dominicanos y dominicanas”.
Los datos que genera el Sistema de Precios del Mercado Público han sido remitidos al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO-CONSUMIDOR) y a la Oficina Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) para que, en el ejercicio de las facultades de estos entes públicos, órgano reguladores del mercado y el consumo, determinen si los precios ofertados y adjudicados se podrían consideran, en el contexto actual, prácticas contrarias a la libre competencia, manipulación de precios, abuso de posición dominante, especulación y monopolio, acuerdos, colusión y/o actos de competencia desleal.
La institución hizo esta comunicación luego de denuncias presentadas en el programa Nuria Investigación Periodística.