El informe también señala que: En materia de corrupción, indica que el gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.
Santo Domingo RD.– Juristas y representantes de la sociedad civil entienden que la justicia Dominicana debe ser más transparente en los casos de corrupción.
Esto a propósito de las críticas a los jueces dominicanos que realizo el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El informe trato varios temas, entre estos la corrupción en el país, y sobre este flagelo pondera lo siguiente: “El Poder Judicial desestimó de forma rutinaria los casos de corrupción de alto nivel durante cinco años del presidente Medina en el cargo. La corrupción del poder judicial era también un problema grave”.
El ex fiscal y juez del Tribunal Superior Electoral, José Hernández Peguero, acoge las críticas sobre la corrupción e impunidad, sin embargo señala que las mismas deben ser dirigidas a los estamentos correspondientes.
El informe también señala que: En materia de corrupción, indica que el gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero no hubo informes generalizados de la impunidad y la corrupción oficial, especialmente en relación con los funcionarios de rango superior.
Sobre este punto, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surum Hernández, admite que la justicia Dominicana ha fallado.
En tanto, que desde que la Sociedad Civil consideran oportuno este informe sobre todo por las casos que actualmente han sacudido las entrañas de la justicia Dominicana.
El informe que anualmente rinde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, señaló que otros problemas en materia de Derechos Humanos fueron: La discriminación generalizada contra los migrantes haitianos y sus descendientes, la violencia contra la mujer y el feminicidio; trata de personas; la discriminación contra las personas por su orientación sexual y la aplicación inadecuada de la legislación laboral”.
• Discriminación generalizada contra los migrantes haitianos y descendientes.
• Violencia contra la mujer, y el feminicidio.
• La trata de personas.
• La discriminación contra las personas por su orientación sexual y la aplicación inadecuada de la legislación laboral.
Autor: Catheryne Sánchez.
