La Vega, RD. – Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal colegiado de La Vega condenó a 30 años de prisión a dos hombres, acusados de asesinar a otro con un arma de fuego ilegal. El hecho ocurrió en un taller de repuestos de motocicletas del sector La Hierba, en 2023.
Alan Paniagua Jaquez y Pablo de los Santos Cuevas (Edwin) mataron a Wilson de Jesús Quiroz Rosario. Le dispararon por la espalda, el costado derecho y el abdomen. También sufrió heridas en el antebrazo, la rodilla derecha y el muslo izquierdo.
Por el crimen, procesaron además a Roesmil Ceballos Morales (Nueva York) e Isidro Vicente Ortega, este último hermano de la víctima, a quienes les fue dictado un auto de no ha lugar en la etapa intermedia del proceso. Sin embargo, a ambos les dictaron un auto de no ha lugar en la etapa intermedia. Asimismo, un quinto implicado, identificado como Denver, quien permanece prófugo.
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Detalles del crimen ocurrido en 2023
Según el expediente acusatorio, los hechos ocurrieron el 28 de marzo de 2023, entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde. El documento indica que la víctima había estado en prisión por drogas. Luego, intentó retomar esa actividad ilícita y como resultado, surgieron conflictos por control territorial que derivaron en el crimen.
Paniagua Jaquez se asoció con De los Santos Cuevas para cometer homicidio voluntario, actuaron con premeditación y asechanza, usando un arma de fuego. Por otra parte, a Ceballos Morales le atribuyeron servir de intermediario. Mientras tanto, Ortega habría entregado a Denver el arma y RD$300 mil para pagar el sicariato.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, ponderó la sentencia condenatoria: “Esta condena confirma nuestro compromiso firme de que la criminalidad organizada no tendrá espacio ni quedará impune”, manifestó.
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En la investigación y litigación, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Yurisan Ceballos, quien aportó las pruebas ante el Segundo Tribunal Colegiado de La Vega. El órgano lo integraron los jueces Martín de la Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, quienes ordenaron cumplir la sentencia en el CCR Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Diversas pruebas sustentaron la acusación e incluyeron documentales, periciales, testimoniales, materiales e ilustrativas. La imputación se basó en los artículos 265, 266 y del 295 al 304 del Código Penal dominicano. Además, aplicaron los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre armas ilegales.
