Habría recibido un depósito RD$525,000.00 por concepto de compras de huevos
Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público en sus acusaciones contra el ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Adam Cáceres Silvestre, indicó que esté, junto a los demás apresados, habría incurrido en el delito de coalición de funcionarios, recibiendo pagos de instituciones públicas a través de la Asociación Campesina Madre Tierra, sin esa organización ser suplidora del Estado.
Una de esas instituciones sería la Dirección General de Control de Drogas (DNCD), de la cual la asociación campesina habría recibido un depósito con el pago de RD$525,000.00 por el concepto de compras de huevos.
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“Refleja pago de instituciones públicos por compra de huevos, así lo hacemos constar mediante el recibo de depósito de cuenta corriente No.0011 de fecha 08-05-20, de Banreservas, mediante la cual cuenta No.5500026999 de la Asociación Campesina Madre Tierra el pago de Quinientos Veinticinco mil pesos Dominicanos (DOP$525,000.00) por concepto, compra de huevos DNCD”, explicó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en la acusación de solicitud de medida de coerción contra Cáceres Silvestre y otros cuatro imputados en la Operación Coral.
El Ministerio Público declaró que solicitó información la DNCD y esta institución indica que “en su sistema no existen registros de pago alguna a la Asociación Campesina Madre Tierra, lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre y el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, ARD, Presidente de la Dirección Nacional e Control de Drogas para ese periodo, para desfalcar al Estado dominicano mediante el desvió de fondos públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación”, Asociación Campesina Madre Tierra, que como ya hemos señalado es propiedad de los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza”
La PEPCA insiste que “el modo operandi consistía en hacer depósitos en efectivo, que en muchos de los casos eran realizados por el señor Lizss Félix de León Díaz, quien fungía como encargado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), no dejando rastros de registros del departamento financiero de la referida institución.
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La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, fijó para este miércoles a las once de la mañana el conocimiento de la audiencia en contra del jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora pastora Rossy Guzmán, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, afirmó que también fue pedido que el caso sea declarado complejo.
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Reveló que el expediente depositado consta de más de 200 páginas.
“El investigado Adán Benori Cáceres Silvestre oculta bienes producto del enriquecimiento injustificado e ilícito, además de que falseó en las declaraciones juradas presentadas, configurándose varios de los tipos penales de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes y el Decreto núm. 92-16 de aplicación de la misma ley”, según los datos del MP.
El informe detalló que la pastora Rossy Guzmán reflejó un «aumento injustificado en su patrimonio a través de la administración de muebles e inmuebles que realmente pertenecen a Adán Cáceres», escolta del expresidente Danilo Medina.
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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) comunicó que a estos se les imputan delitos de asociación de malhechores, estafa contra el estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos proveniente de corrupción y otros tipos penales.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que dirigen los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, llevan las investigaciones como parte de las acciones contra la corrupción de la gestión de la procuradora general, Miriam Germán Brito.
