Relatan que el PEPCA le atribuye transacciones que les son ajenas
Santo Domingo, RD.- Los abogados de la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, imputado en el caso de la Operación Coral, denunciaron que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha tenido un lamentable desinterés por conocer la verdad sobre su defendido.
“Ha redactado y filtrado las imputaciones que ha formulado contra el Mayor General Adán B. Cáceres Silvestre, cuya condición de militar de carrera, no lo despoja ni le hace menos acreedor de respeto a los derechos más básicos que tiene como persona y ciudadano”, explican los abogados Cristian Alberto Martínez, Romer Jiménez y Elsa Trinidad Gutiérrez Guillen en un documento público que han hecho circular a los medios de comunicación.
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Insisten en que cuentan con todas las pruebas que sustentan el patrimonio que licita y honestamente ha adquirido el imputado y que la PEPCA omitió deliberadamente de sus ingresos “que el Estado Dominicano pagó de manera institucional y transparente al Mayor General Adán B. Cáceres Silvestre, para exhibirlo como impedido de poseer los bienes que constan en su declaración jurada de patrimonio”.
En el documento, relatan que el PEPCA le atribuye transacciones que les son ajenas con el único propósito de construir una historia muy mal contada, para tratar de justificar una supuesta “lucha anticorrupción muy mal llevada”.
Indican que el expediente elaborado por la PEPCA trata de “denigrar y enlodar la función y honra del mayor general Adán B. Cáceres Silvestre y la carrera militar en el país. Pone de lado la PEPCA que el Mayor general Adán B. Cáceres Silvestre tiene larga data sirviendo a la patria en el DNI bajo el gobierno del PRSC (Joaquín Balaguer) y PLD (Leonel Fernández), comandando las tropas dominicanas en Irak en el gobierno de Hipólito Mejía y como jefe de seguridad del Cuerpo Presidencial de Danilo Medina. No ha importado el periodo ni el gobierno, los militares sirven a la Patria independientemente del partido político del gobierno de turno”.
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Los juristas afirman que la información irresponsable divulgada por la PEPCA se pone en riesgo la vida de todos los miembros del cuerpo, del personal de inteligencia encubierto y en consecuencia la seguridad del presidente de la Republica, su familia y de las personas de protección sensible del Estado.
Entienden que actuación del ministerio público no ha sido sopesada con la más mínima prudencia, pues el único interés ha sido crear un circo de corredores para llevarlo al Centro Olímpico, según las declaraciones de una representante de la Procuraduría.
Advirtieron que la PEPCA tiene un afán de perseguir y desacreditar la función militar encarnada hoy en Cáceres Silvestre, situación que entienden lleva un mal mensaje a los uniformados que día a día arriesgan su vida, solo para exponerse a ser sometidos a un proceso sin respeto alguno a los derechos más básicos a su honor y dignidad como persona.
