La noticia necesita contexto y la ciudadanía orientación

Pablo Ulloa | Defensor del Pueblo

Desde Dajabón, donde comenzamos el 28 de agosto, hasta Sánchez Ramírez, el 23 de octubre, hemos llevado el programa Código Penal para la Ciudadanía a catorce provincias. La ruta del Defensor del Pueblo combina explicación jurídica y conversación con la población: una contribución educativa que también puede enriquecer la comprensión de las noticias. Las jornadas seguirán los lunes y viernes hasta completar el recorrido nacional previsto para diciembre.

Una noticia sobre violencia, fraude o amenazas suele provocar preocupación. También genera preguntas: qué significa lo ocurrido, qué responsabilidades podrían estar involucradas y dónde puede buscar orientación alguien que enfrenta una situación semejante. La educación ciudadana debe ayudar a comprender esos asuntos con información fiable, sin anticipar conclusiones sobre hechos que requieren investigación.

Por eso, nuestra metodología comienza en la Constitución. Explicamos la dignidad humana, los derechos fundamentales, los deberes ciudadanos y las garantías que regulan la actuación de las autoridades. Desde esa base abordamos contenidos penales relacionados con situaciones reconocibles. Comprender qué protege una norma ayuda a entender tanto la responsabilidad individual como las obligaciones de quienes deben aplicarla.
Las jornadas se apoyan en 44 tarjetones pedagógicos: 18 dedicados a los fundamentos constitucionales y la ciudadanía, y 26 a contenidos penales, que toman como referencia la guía oficial de la Procuraduría General de la República. Son una herramienta para explicar con precisión y sin alarma.

La conversación forma parte del método. Una explicación debe permitir que las personas planteen dudas, soliciten ejemplos y reconozcan cuándo necesitan atención especializada. Cada pregunta ofrece la oportunidad de precisar un concepto y orientar responsablemente.

Los asuntos particulares requieren reserva y examen por las instancias competentes; una jornada abierta debe preservar esa diferencia.

La comunicación puede ampliar el alcance de este esfuerzo educativo. Los medios tienen la posibilidad de acercar una explicación a personas que no estuvieron presentes en una actividad. Una entrevista, un reportaje o una pieza audiovisual pueden ayudar a comprender una responsabilidad, identificar una fuente de consulta o conocer dónde se desarrollará una próxima jornada.

Esa posibilidad exige cuidado. Un video breve puede omitir circunstancias relevantes; una acusación necesita ser presentada como tal; una imagen puede exponer innecesariamente a una víctima. La información útil debe ofrecer contexto y distinguir lo que está confirmado de lo que todavía se investiga. La rapidez de una publicación no elimina la responsabilidad por sus consecuencias.

Las instituciones debemos facilitar esa labor mediante información clara, materiales comprensibles y referencias verificables. La orientación pública pierde utilidad cuando conduce a un servicio que nadie identifica o a instrucciones que resultan confusas. Educar compromete también la calidad de la respuesta institucional que encontrará quien decida buscar ayuda.

Al continuar la ruta nacional, queremos aportar explicaciones que ayuden a comprender los hechos y a buscar orientación. Una ciudadanía informada necesita contexto; una institución responsable debe ofrecerlo con rigor y responder cuando la información se convierte en una solicitud de ayuda.

Vamos por lo que nos une.